Me dirijo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cámara de Diputados. Está en juego la viabilidad del INE para garantizar elecciones libres, auténticas e íntegras en 2027. México necesita responsabilidad política, diálogo y un acuerdo plural. Esta es la última llamada ciudadana.
Presidenta Sheinbaum: sea responsable. La elección de 2027 no puede ponerse en riesgo por cálculos políticos de corto plazo. Su legado democrático también se medirá por su capacidad de respetar los límites de su propio poder y preservar la independencia de las instituciones.
Morena y aliados respaldaron a Guadalupe Taddei. Esa mayoría reformó la ley para ampliar sus facultades de nombramiento, concentrando decisiones en la presidencia del INE en detrimento del colegiado del Consejo General. Ese respaldo y esas reformas tienen responsables políticos. Su gobierno y su partido no pueden presentar ahora la gestión de Taddei como si les hubiera sido ajena.
Remontar la discusión a hace 27 años no responde por las decisiones que ustedes tomaron. Si existen responsabilidades anteriores, que se investiguen y sancionen. Pero ninguna referencia al pasado cancela la obligación de asumir las propias.
La salida de Taddei abrió una oportunidad para reconstruir la confianza. Desaprovecharla mediante otra designación impuesta sería una irresponsabilidad histórica. Necesitamos encontrar a la mejor presidenta del INE: independiente, íntegra, con solvencia técnica, experiencia electoral y capacidad para conducir una institución colegiada. Una presidenta aceptada por todas las fuerzas políticas, que dé garantías a la ciudadanía.
El artículo 41 constitucional exige dos terceras partes de los votos de las diputadas y los diputados presentes. Pero reunir esa cifra no equivale a construir consenso. Morena y sus aliados deben comprender que su fuerza parlamentaria no basta para devolverle legitimidad al árbitro. Hace falta un acuerdo que trascienda a la mayoría gobernante.
La Constitución prevé la insaculación en la Cámara de Diputados y, en caso extremo, si vence el plazo sin concretarse la elección, la designación se hará por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública, mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación. Son mecanismos para resolver el desacuerdo, no pretextos para abandonar el diálogo ni eludir la responsabilidad de construir un consenso.
Presidenta Sheimbaun: anunciar una nueva reforma electoral para después de 2027, en medio de esta crisis, ¿es una propuesta para fortalecer al INE o una amenaza sobre su futuro? Despeje esa duda. La confianza no se reconstruye bajo la presión de otro cambio de reglas en el horizonte. Su responsabilidad inmediata es respetar la autonomía del instituto y contribuir a un clima que permita el acuerdo, sin imponer una candidatura.
A la oposición también le corresponde actuar con seriedad y sentido estratégico. Dos objetivos deben concentrar sus esfuerzos: acordar la designación de la mejor presidenta y retirar las facultades extraordinarias de nombramiento que se otorgaron legalmente a la Presidencia.
Cambiar a la titular y conservar esa concentración de poder dejaría intacto uno de los problemas que debemos resolver. Hay que restituir al Consejo General sus atribuciones y recuperar la conducción colegiada.
Las investigaciones deben continuar, sin encubrimientos y con respeto al debido proceso. Defender al INE exige esclarecer responsabilidades. También exige proteger a su personal, escuchar sus demandas laborales y preservar las capacidades profesionales que hacen posibles nuestras elecciones.
He dedicado buena parte de mi vida a construir y defender a las instituciones electorales, desde afuera y desde adentro. Conozco sus fortalezas, sus imperfecciones y su valor para la convivencia democrática. Por eso lo digo sin ambigüedades: yo sí defiendo al INE. Defiendo su autonomía, su profesionalismo, su independencia y el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a decidir libremente quiénes los gobiernan.
Presidenta y personas legisladoras: el acuerdo que México necesita tiene dos tareas concretas: elegir a la mejor presidenta y devolver al Consejo General las facultades que le quitaron. Estén a la altura.
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