Los cárteles reclutan a niños de 13 y 14 años mediante engaños o por la fuerza, ofreciéndoles dinero o armas a cambio de integrarse a sus filas
Los cárteles reclutan a niños de 13 y 14 años mediante engaños o por la fuerza, ofreciéndoles dinero o armas a cambio de integrarse a sus filas

Entre 2012 y 2024 ocurrieron en México 161 mil 731 defunciones en población de entre 10 y 19 años, aunque 30 mil 163 de ellas, equivalentes al 18.65 por ciento, fueron causadas por homicidios o agresiones, advirtió un análisis publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Es decir, en promedio una de cada cinco muertes adolescentes en el país está relacionada con la violencia, con una mayor carga en hombres de 15 a 19 años.
El instituto señaló que también resulta alarmante que en siete de cada 10 casos se trató de víctimas de armas de fuego, a quienes en su mayoría les dispararon en la vía pública.
El INSP elaboró el análisis “Adolescentes que no deberían morir: años de vida perdidos por la violencia en México”, de la autoría de los especialistas en salud pública Christian Castro Alamilla, Elisa Hidalgo Solórzano y Héctor Gómez Dantés.
Los expertos indicaron que como país no se puede normalizar la violencia ni acostumbrarnos a que los jóvenes mueran por estas causas.
“Las muertes en la adolescencia, al ser una interrupción prematura de la vida, fracturan profundamente a las familias y a la sociedad”.
En el análisis se refiere que esas cifras por sí solas son un llamado de alerta, ya que la adolescencia es una etapa de transición fundamental para el aprendizaje, la construcción de la identidad y de un proyecto de vida.
“Por esta razón, cuando se le arrebata la vida a un adolescente, la pérdida no solamente se limita al individuo, sino que también se trunca una historia familiar y una oportunidad de desarrollo para toda la sociedad”, se puntualizó.
De acuerdo con un análisis de los registros de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), se identificó que los homicidios en adolescentes no se distribuyen de manera homogénea. La mayor carga se concentra en los hombres, especialmente durante la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años.
“La violencia afecta de manera distinta no sólo según la edad y el sexo, sino también por entidad federativa. Geográficamente, el impacto se puede observar con números absolutos en Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Guerrero y Michoacán, que concentraron el mayor número total de defunciones.
“Cuando se analizan las tasas de mortalidad por cada 100, 000 adolescentes, el mapa se reorganiza con las tasas de homicidio más altas en Zacatecas (32.26), Colima (30.87), Chihuahua (26.27), Guerrero (24.26), Morelos (22.84) y Guanajuato (22.80)”.
Un hallazgo central en este análisis es el peso de las armas de fuego: casi siete de cada diez homicidios adolescentes se perpetraron por disparos y más de la mitad ocurrieron en la vía pública. “Esto demuestra que los homicidios ocurren en espacios donde las y los jóvenes transitan, conviven, estudian e inclusive trabajan y no son únicamente un problema del ámbito privado, familiar o escolar”.
El estudio refirió que una manera más clara de dimensionar esta problemática es cuantificando los años de vida potencial perdidos (AVPP) por muerte prematura.
Durante el periodo de 2012 a 2024, los homicidios adolescentes representaron más de 1.7 millones de AVPP, cifra que traduce las muertes en tiempo social perdido; es decir, años que pudieron haberse vivido, estudiado, trabajado, compartido y construido.
“Desde la salud pública, este indicador nos permite reconocer que las muertes por agresión no solamente le arrebatan la vida a una persona, sino también reducen la esperanza colectiva de vida y el desarrollo”.
Frente a este panorama, los especialistas aseguraron que la evidencia producida a partir de estadísticas vitales debe traducirse en información útil para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones.
“El gobierno necesita datos oportunos y comparables para orientar tanto acciones de prevención y protección de adolescentes en territorios con mayor riesgo, así como estrategias de vigilancia epidemiológica, control de armas y recuperación de espacios públicos. Sin embargo, la sociedad también debe reconocer que estas muertes no son hechos aislados o inevitables, sino una expresión de desigualdades, entornos inseguros y fallas de protección que pueden y deben atenderse”.
Señalaron que cada una de estas muertes por violencia representa una falla en la protección de la vida. “Como país, no podemos normalizar la violencia ni acostumbrarnos a que nuestros jóvenes mueran por esta causa. No basta con medir el problema; las autoridades deben actuar y la sociedad debe exigir soluciones”.
Bajo este contexto, en su informe Desapariciones en México 2026, la CIDH emitió 40 recomendaciones al gobierno mexicano y alertó que, al 19 de agosto de 2025, había 18 mil 192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos.
También documentó casos de adolescentes de 13 y 14 años reclutados por el crimen organizado a cambio de dinero o armas; algunos regresan con vida, otros se integran permanentemente a grupos criminales o mueren en enfrentamientos armados.
Por su parte, la organización humanitaria internacional World Vision México alertó que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes se ha convertido en una de las situaciones más preocupantes que enfrenta la niñez en el mundo.
“No solo las y los menores se convierten en soldados de una guerra externa o interna en la que no deberían participar, sino que también son víctimas de un estado y sociedad que les vulneran todos sus derechos”.
Refirió que según Naciones Unidas para la Infancia, más de 300 mil niñas y niños de todo el mundo están siendo reclutados por grupos armados, una cifra alarmante, ya que las y los menores son considerados como “una alternativa económica y eficiente en los combates”, además de ser “fácilmente adoctrinados, pues no han desarrollado el concepto de la muerte”.
Expuso que aunque México ratificó el protocolo en la materia hace más de 20 años, la situación aún es preocupante en el país, pues, según un estudio realizado en el 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 30 mil niñas, niños y adolescentes conforman las filas de bandas criminales.
“De acuerdo a la CNDH, en un estudio realizado en el año 2017, que, entrevistó a 452 adolescentes en centros de detención, el 17% dijo haber cometido algún delito en asociación con integrantes de la pandilla de la que formaban parte, el 35% formaba parte de un grupo de la delincuencia organizada y la mayoría señaló que fueron reclutados entre los 12 y 14 años”.
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