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Un tratado incómodo

Lo bueno de la historia es que se queda ahí, pendiente, para quien la quiera ver como fue. Muchos la intentan tergiversar. Buscan moldearla a su manera, pero ésta espera paciente a que alguien la quiera recuperar.

Siempre hay alguien que la quiere ocultar. Que espera que al dejar de hablar sobre un hecho éste vaya a desaparecer de la memoria de la gente. Pero gracias a esta tradición que nos heredó Heródoto, podemos revisarla, compararla y recordarla.

Uno de esos pasajes que no podemos dejar pasar es el tratado Mclane-Ocampo, con el que el gobierno liderado por Benito Juárez le pedía su apoyo al de James Buchanan en Estados Unidos en plena Guerra de Reforma, en 1859.

Los liberales mexicanos, representados por Melchor Ocampo, necesitaban desesperadamente dinero, armas y que el vecino del norte reconociera el mandato de Juárez para así derrotar al bando conservador.

A cambio, Estados Unidos, en voz del diplomático Robert Milligan McLane, obtendría ventajas que harían retorcerse a cualquier portavoz de la soberanía y el nacionalismo mexicano.

Primero, recibían el derecho de tránsito libre a través del territorio mexicano, específicamente en los caminos del Istmo de Tehuantepec, que conectaban a ambos océanos, la ruta de Guaymas a Nogales, en Sonora, y en la conexión entre Matamoros y Mazatlán.

Y si bien el tratado concedía el derecho de tránsito a perpetuidad, no cedía formalmente la soberanía sobre esos territorios, que quedaba reservada expresamente a México su soberanía sobre las rutas

Además, se permitía el libre transporte de mercancías por estas rutas, sin que se les cobrara ningún arancel, siempre y cuando los productos no fueran para consumo interno en México.

El tratado permitía también el libre paso de tropas y suministros del ejército estadounidense, así como el derecho de este país a intervenir militarmente si es que el gobierno mexicano descuidaba o no podía garantizar la seguridad en los tramos prestados.

En juego estaban cuatro millones de pesos que entregaría el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Juárez. Dos millones se pagarían después del canje de las ratificaciones, y los otros dos millones quedarían reservados para cubrir reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano.

Por suerte para México, el tratado nunca entró en vigor, pero no gracias a las autoridades mexicanas. Tuvo que ser el Senado de Estados Unidos, en la antesala de la guerra civil que dividiría al país, los legisladores estadounidenses optaron por descartar el acuerdo.

La buena relación de Juárez con el gobierno vecino había ya conseguido el reconocimiento de Estados Unidos como el presidente legítimo en México, lo que, a su vez, llevó a que Washington rompiera relaciones con el mandato conservador de Miguel Miramón.

A lo mejor por eso los liberales pensaron que podrían estrechar aún más su relación con los estadounidenses, esto a pesar de darles paso libre por el territorio nacional.

Lo cierto es que el gobierno juarista no se quedó corto al momento de defender la importancia de mantener una relación cercana con las autoridades estadounidenses, o al menos eso deja ver la frase que se le atribuye a Ocampo cuando intentaba defender la buena relación diplomática.

“Se unirá, por último, (el señor presidente) a los economistas que piensan que un vecino rico y poderoso vale más y da más ventajas que un desierto devastado por la miseria y la desolación”.

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