Santiago Peña: un presidente derrumbado

Santiago Peña construyó una carrera con una mezcla de finanzas y política. Primero pasó por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde pasó por el sector financiero, y después protagonizó un rápido ascenso dentro del Partido Colorado, la organización política que ha dominado buena parte de la historia contemporánea de Paraguay.

Pero la que se veía como una carrera prometedora, terminó cuando el ya expresidente tenía 47 años. El seis de noviembre de 2026 fue destituido por el Congreso paraguayo después de un juicio político relacionado con el colapso de Ueno Bank. Una semana después, la Fiscalía amplió su imputación para incluir el presunto delito de asociación criminal y lo señaló como supuesto dirigente de una estructura creada para favorecer a la entidad financiera. Peña, que ya enfrentaba otros cargos, niega haber cometido irregularidades.

Su caída resulta especialmente significativa porque había llegado a la presidencia en 2023 como una figura de perfil técnico, con experiencia en organismos económicos internacionales y el respaldo del expresidente Horacio Cartes. Su historia es también la de un economista que pasó de trabajar en las instituciones financieras del Estado a ser acusado de utilizar el poder presidencial para beneficiar intereses privados.

Santiago Peña Palacios nació el 16 de noviembre de 1978 en Asunción. Su formación estuvo vinculada desde temprano con la economía. Estudió en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y posteriormente obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Antes de cumplir 22 años comenzó a trabajar en el Banco Central del Paraguay (BCP). Entre 2000 y 2009 desarrolló funciones en áreas relacionadas con estudios monetarios, finanzas y operaciones de mercado abierto.

En 2009 se incorporó al Fondo Monetario Internacional, en Washington, donde trabajó en el Departamento Africano. Cuando regresó a Paraguay, lo hizo al Banco Central, donde ocupó un asiento en su directorio. También ejerció la docencia universitaria en economía y finanzas.

Su perfil profesional era distinto al de buena parte de los políticos paraguayos: no había construido su carrera desde el liderazgo partidista o la actividad parlamentaria, sino desde la administración económica y las instituciones financieras.

El salto definitivo a la política llegó en 2015, cuando el entonces presidente Horacio Cartes lo nombró ministro de Hacienda. Peña tenía 36 años y se convirtió en uno de los responsables de la política económica del Gobierno.

Su gestión estuvo asociada a una orientación favorable a la inversión privada, la disciplina fiscal y la promoción de Paraguay como destino para los capitales internacionales. Durante esos años defendió el modelo económico paraguayo, basado en buena medida en la producción agropecuaria, las exportaciones y la atracción de inversiones.

Sin embargo, su relación con Cartes fue más allá de la colaboración entre un presidente y su ministro. El empresario tabacalero se convirtió en su principal padrino político.

En 2017, Peña renunció al Ministerio de Hacienda para competir por la candidatura presidencial del Partido Colorado, dentro del movimiento Honor Colorado, vinculado a Cartes. Perdió las elecciones internas frente a Mario Abdo Benítez, quien posteriormente ganó la presidencia.

Su camino hacia el poder también implicó un cambio partidista. Peña había pertenecido al Partido Liberal Radical Auténtico, pero abandonó esa organización en 2016 para incorporarse al Partido Colorado.

En 2022 volvió a competir en las internas coloradas y consiguió la candidatura presidencial. Esta vez tuvo éxito. El 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con más del 43 por ciento de los votos, frente al liberal Efraín Alegre. Asumió el 15 de agosto de ese año.

Peña llegó al poder con la promesa de mantener la estabilidad macroeconómica y convertir a Paraguay en un destino atractivo para la inversión internacional. Su Gobierno defendió la apertura económica, la inversión en infraestructura y la disciplina fiscal. También promovió la imagen del país como una economía con oportunidades de crecimiento, gracias a su producción agropecuaria, sus recursos energéticos y su posición geográfica.

En política exterior, buscó estrechar las relaciones con Estados Unidos, Israel y otros socios internacionales. Su Gobierno mantuvo una posición favorable a Israel y defendió la importancia de la cooperación económica y comercial.

Pero su presidencia estuvo atravesada por una contradicción política: aunque Peña era formalmente el jefe del ejecutivo, su relación con Cartes siguió siendo determinante para entender el funcionamiento del oficialismo.

Cartes, quien había sido sancionado por Estados Unidos en 2023 por presunta corrupción y vínculos con organizaciones terroristas, conservó una enorme influencia dentro del Partido Colorado. El Departamento del Tesoro estadounidense lo señaló por corrupción significativa y por socavar las instituciones democráticas paraguayas. Cartes ha rechazado las acusaciones.

Peña intentó construir una base política propia, pero su dependencia del aparato partidista encabezado por su mentor se convirtió en una vulnerabilidad. Esa relación terminaría desempeñando un papel importante en su caída.

La crisis que precipitó su salida estuvo relacionada con Ueno Bank, una entidad financiera digital que creció rápidamente y llegó a convertirse en uno de los bancos con mayor presencia en Paraguay.

El problema no fue solamente la situación financiera de la institución, sino sus relaciones con el poder político y los recursos públicos que recibió.

Peña había sido accionista de Ueno Holding, el conglomerado empresarial al que pertenecía el banco, hasta marzo de 2025. Además, durante su presidencia nombró a Carlos Carvallo, quien había dirigido anteriormente la financiera Ueno, al frente del Banco Central.

La Fiscalía sostiene que Peña utilizó su posición para influir en organismos públicos y empresas estatales con el propósito de mantener importantes depósitos de dinero público en Ueno, pese a sus vínculos financieros con el grupo empresarial.

El tres de noviembre de 2026, el Banco Central intervino Ueno Bank por graves problemas de solvencia. La decisión dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos y desencadenó una crisis financiera y política.

El escándalo también alcanzó a fondos de organismos públicos y previsionales. Según Associated Press (AP), más de 800 millones de dólares de recursos públicos estaban vinculados al banco, mientras que la intervención afectó a alrededor de 1.8 millones de depositantes.

Tres días después, el seis de noviembre, el Senado destituyó a Peña mediante un juicio político. Los 44 senadores presentes votaron a favor de su remoción. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato, previsto originalmente hasta agosto de 2028. Cartes, que había sido el principal respaldo de Peña, terminó apoyando su salida.

La caída política de Peña fue seguida por una investigación penal. El 7 de noviembre, la Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Un juez ordenó su prisión preventiva en una instalación militar mientras avanzaba la investigación. Su defensa rechazó los cargos y aseguró que colaboraría con las autoridades.

El viernes 13 de noviembre, el Ministerio Público amplió la imputación para incorporar el presunto delito de asociación criminal. La Fiscalía sostiene que Peña habría encabezado una estructura integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades del Banco Central para favorecer los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

La acusación también alcanza al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, al exsuperintendente de Bancos y a otros antiguos integrantes del directorio de la autoridad monetaria.

Según la hipótesis fiscal, la estructura habría utilizado posiciones estratégicas dentro del Estado para influir en decisiones regulatorias, mantener depósitos públicos en la entidad financiera y evitar medidas que comprometieran sus operaciones. Los investigadores también sostienen que Peña habría recibido pagos ilícitos.

Se trata de acusaciones particularmente graves, pero, hasta ahora, la Fiscalía únicamente ha presentado su hipótesis sobre los hechos, que deberá ser acreditada en un proceso judicial. Peña, claramente, niega las irregularidades que se le atribuyen.

Mientras tanto, el economista que llegó a la presidencia de Paraguay con el respaldo de uno de los políticos y empresarios más poderosos del país terminó enfrentado a la justicia por una trama de presuntos beneficios financieros. Su trayectoria, desde el Banco Central y el FMI hasta el Palacio de López, quedó marcada por una caída que también expuso las relaciones entre el poder político, los intereses empresariales y las instituciones encargadas de supervisar el sistema financiero paraguayo.