Respetar las reglas para planificar la ciudad y su zona metropolitana no es una concesión: es lo mínimo, y ni el plan de la ciudad ni el programa metropolitano las cumplen
Con el destino de 22.5 millones de personas en la zona metropolitana, y 9.2 millones en la Ciudad de México, no se juega; y si se va a jugar, hay que respetar las reglas. Planificar una ciudad es decidir, con 20 años de anticipación, dónde vivirán nuestros hijos, qué tan seguros estarán, cuánto tardarán en llegar al trabajo, si tendrán agua y si podrán pagar una vivienda.
Hago un llamado a la decencia. No pido que el gobierno piense como yo, sino que cumpla las leyes que regulan cómo se elabora un plan, que responda a quienes participamos y que no cambie las palabras para conservar las mismas intenciones.
Las reglas existen
La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad establece que "las opiniones y propuestas ciudadanas serán vinculantes" y que las autoridades "estarán obligadas a incluirlas" (art. 65). La Ley de Participación Ciudadana exige informar a cada persona consultada cómo se incorporó su opinión (art. 147). El anexo de participación del Plan General de Desarrollo (PGD) cita esa obligación, pero no la cumple: presenta 690 mil 178 "propuestas" en porcentajes, sin responder ninguna. Además, 70% son cédulas levantadas sin muestra representativa: una de cada cuatro viviendas en Venustiano Carranza y ninguna en Milpa Alta. Es un buzón de opiniones convertido en estadística.
Para el programa metropolitano (POZMVM), la Ley General de Asentamientos Humanos exige publicar, antes de aprobarlo, respuestas fundadas a los planteamientos no aceptados (art. 30); aún no se han publicado. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos exige además un análisis de impacto regulatorio público, con consulta de al menos 20 días y atención a los comentarios (arts. 39 y 43), y el POZMVM propone gravámenes, precios máximos y cobros caso por caso sin haberlo realizado. Lo mismo vale para el PGD: si se declara "regulatorio" para los particulares, debe evaluarse como regulación.
No se vale pasar bolas rápidas
El PGD que la jefa de Gobierno envió al Congreso el 11 de noviembre cambió el lenguaje, no el rumbo. La Constitución de la ciudad prohíbe las autoridades intermedias (art. 53), pero la versión de consulta proponía "un verdadero cuarto ámbito de gobierno"; la enviada, "un cuarto nivel de gobierno" con "ámbitos de atribuciones". La palabra "rectoría", ausente en la versión consultada, aparece ahora 20 veces. Las Casas de Gobierno salieron del texto, pero su personal fue capacitado para aplicar sus cédulas. Rebautizar lo que la Constitución prohíbe cada vez que alguien lo advierte es pasar una bola rápida.
El plan obligará al sector público durante 20 años, pero tiene una sola meta numérica: elevar 50% el PIB por habitante a 2047, sin año base ni ruta. Si la población se mantiene estable, eso exige que la economía de la ciudad crezca 2% al año durante dos décadas, más del doble del 0.8% anual que logró entre 2018 y 2024. Ese ritmo sólo se alcanza atrayendo inversión y reteniendo a los jóvenes, y las dos cosas requieren reglas claras y certeza jurídica. El plan ofrece lo contrario: más rectoría y más discrecionalidad. Una meta sin ruta no es un compromiso, es un deseo.
Su anexo de infraestructura no incluye un solo proyecto nuevo con monto ni calendario, y ninguno de agua o drenaje, aunque admite que el drenaje "ha sobrepasado su vida útil". Incluso conserva el periodo "2025-2045", anterior al del plan. Además, si el Congreso no resuelve en seis meses, el plan "se considerará aprobado". Con esa prisa no se planifica; se impone.
Nuestro predial no es de ellos
Las autoridades niegan que haya un predialazo, pero el texto del POZMVM dice otra cosa. Propone que los valores catastrales "se asimilen a los valores del mercado inmobiliario" y que después se ajusten la base y las tarifas, lo que abre la puerta a cobrar más. En la misma página plantea destinar "una proporción" de lo recaudado a un fideicomiso metropolitano, cuyo proyecto se sometería a un consejo en el que no se sientan alcaldes ni presidentes municipales. Y el programa se declara "vinculante", aunque no existe la ley que la Constitución exige para la coordinación metropolitana.
El predial es el impuesto que une lo que pagamos con lo que recibimos: la calle sin baches, la luminaria encendida, la fuga reparada. Por eso, en los municipios, la Constitución federal ordena que los recursos de la hacienda municipal, entre ellos el predial, se ejerzan "en forma directa por los ayuntamientos" (art. 115). Llevar una parte a un fideicomiso lejano rompe ese vínculo: quien paga deja de ver el resultado en su colonia y ya no sabe a quién reclamar. Si la metrópoli necesita un fondo —y lo necesita—, que se financie con instrumentos creados por ley, como una tenencia homologada en toda la zona, y no con el impuesto más cercano al ciudadano.
Lo que exige la decencia
Exijo cinco cosas: que, antes de aprobar el plan, se publique la respuesta fundada a cada propuesta; que toda carga nueva pase por un análisis de impacto regulatorio; que se retire el "cuarto nivel de gobierno"; que el Consejo Metropolitano coordine, no gobierne, y que el predial se quede donde se paga.
El PGD está en el Congreso, y a los legisladores les pido que no aprueben un plan que no cumplió las reglas para hacerse. La consulta del POZMVM cierra el 22 de noviembre y, después, ninguna otra instancia lo revisará: eso es aún más delicado. A los ciudadanos, que enviemos observaciones antes de esa fecha y exijamos respuesta.
Hay, además, una tercera destinataria: la presidenta Sheinbaum. Si va en serio con su compromiso de impulsar el crecimiento económico, debe partir de una premisa: el crecimiento de México se construye desde abajo, con quienes trabajan, emprenden e invierten. Desde ahí tiene que ser consciente de los graves problemas que traen el PGD y el POZMVM, más aún si se pretende aplicarlos a escala nacional.
Por eso insisto: sin decencia no hay certeza; sin certeza no hay inversión; sin inversión no hay prosperidad compartida. Quien planifica el futuro de 22 millones de personas debe empezar por cumplir las reglas que lo obligan.
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