En México podemos indignarnos patrióticamente por algún comentario de Donald Trump contra nuestros paisanos o contra nuestro país por la mañana y esperar que, por la tarde, un fiscal de Nueva York haga lo que nuestras autoridades llevan años evitando. Queremos que deje en paz a nuestros paisanos, pero también que no deje en paz a ciertos políticos mexicanos. Parece bipolaridad. A mí me suena más a desesperación.
Durante más de dos décadas, hasta 2018, construimos instituciones, tuvimos alternancias y aprendimos a ponerle límites al presidente. La competencia electoral se volvió más pareja, algunas regiones progresaron, México tenía una imagen aceptable ante el mundo y crecieron el turismo y otras actividades económicas. Pero esa democracia y ese desarrollo también dejaron demasiadas deudas. Para millones, los equilibrios electorales y la apertura económica no se tradujeron en medicinas, seguridad o más dinero para llevar a casa. Había motivos para estar encabronados.
López Obrador entendió ese hartazgo. Prometió combatir la corrupción, atender las causas y recuperar la paz. Ocho años después de su victoria, veo contrapesos debilitados y más comunidades donde los criminales siguen decidiendo cómo se vive y quién manda. A quienes creyeron en aquella esperanza ahora les piden paciencia, lealtad y, de ser posible, silencio.
He pasado suficientes años en seguridad para saber lo que significa entregar una institución al crimen. El daño llega hasta la familia que paga una extorsión y descubre que denunciar puede salirle más caro. Hasta el policía honesto cuyo jefe protege al delincuente. Hasta el comerciante que paga impuestos y, además, la cuota para dejarlo trabajar. El ciudadano termina manteniendo al gobierno y al criminal. Y todavía debe escuchar que las cosas van muy bien.
En Sinaloa, la acusación presentada en Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos exige respuestas. Una acusación no es una sentencia, pero tampoco se contesta con porras partidistas. Hay que investigar, aunque los señalados sean compañeros de movimiento.
Con los escándalos del huachicol fiscal crece la misma sospecha. Aquí la justicia se detiene cuando llega a ciertas puertas. Y si alguien pregunta demasiado, lo acusan de querer perjudicar al gobierno. Curiosa manera de combatir la corrupción. Primero descalifican al que pide explicaciones.
De allí nace la expectativa que algunos depositan en Estados Unidos. No hace falta admirar a Trump para querer que investiguen a quienes aquí parecen intocables. Qué vergüenza tener que buscar noticias de nuestra justicia con horario de Nueva York.
Trump tiene sus propios intereses. Ningún expediente estadounidense sustituye nuestra obligación de construir autoridades capaces de investigar sin pedir permiso al partido gobernante.
Y están nuestros paisanos. La madre que sale a trabajar temiendo no regresar con sus hijos. El hombre que lleva 20 años levantándose antes del amanecer y puede perder en una detención la vida que construyó. Podemos exigir justicia y defender a nuestros migrantes con la misma firmeza.
La contradicción está en llenarse la boca de soberanía, mientras hay mexicanos que necesitan permiso de un delincuente para abrir un negocio, transitar un camino o permanecer en su casa. Defender a México también significa defenderlos a ellos. No hay patriotismo que justifique abandonar a una familia frente al crimen ni proteger a quienes le abrieron la puerta.
No quiero que el destino de mi país dependa del humor de Trump. Quiero que un mexicano pueda denunciar a un poderoso sin tener que encomendarse a un fiscal extranjero. Mientras nuestras autoridades sigan ofreciendo discursos y aplicando una justicia selectiva, seguiremos en esta escena tan nuestra, reprochándole a Trump que no quiere a los mexicanos y rogándole que se lleve a los narcopolíticos y a los criminales de moda.
Recomendar Nota
