Si el INE no puede realizar una licitación confiable y transparente, ¿qué garantías ofrece en la organización de una elección? A siete meses de la jornada del 6 de junio, el instituto debe contratar materiales y servicios indispensables para la votación mientras la autoridad competente investiga cómo se adjudicaron contratos bajo una red de sobornos y corrupción. Sospecha. El consejo acordó preparar un plan para las contrataciones de 2027. Debe publicarlo con plazos, responsables y mecanismos de seguimiento.
Los videos difundidos en días pasados muestran al contratista José Alfredo Hernández Casillas hablando con Guadalupe Taddei, entonces presidenta del INE, de repartos de ganancias ligados a contratos públicos, es decir, de moches. Las grabaciones apuntan a una red de corrupción de gran escala dentro del instituto. La investigación debe empezar por Taddei y llegar a todos los que hicieron posible esa operación ilícita. Una red así necesita manos que preparen licitaciones, adjudiquen contratos y autoricen pagos.
Sheinbaum y Morena, como siempre, manipulan el discurso y culpan al pasado para desviar la atención, en esta ocasión señalan al expresidente del INE Lorenzo Córdova. Cabe señalar que no sólo su gestión ya fue auditada y salió limpio, sino que fue impecable también en la organización de elecciones. Además, la diferencia institucional es decisiva. Con Córdova, la presidencia proponía a los titulares de las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, y el Consejo General votaba sus nombramientos. La reforma de Morena y sus aliados en 2024 facultó a la presidencia para nombrarlos directamente concentrando en ella el poder. La Secretaría Ejecutiva conservó la aprobación colegiada.
La denuncia de corrupción del cártel de Taddei ante la fiscalía y la revisión solicitada a la Auditoría Superior deben seguir toda la cadena. Quienes participaron y siguen en el INE deben salir y ser sancionados junto con ella, una vez acreditada su responsabilidad. Quienes renunciaron también deben responder.
Morena debilitó al árbitro y debe hacerse cargo de corregirlo. Deben reconocer el error y recomponer la capacidad del INE para organizar elecciones que merezcan la confianza de la ciudadanía. Primero, el Congreso debe devolverle al consejo la atribución que Morena le quitó de votar los nombramientos de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, con al menos ocho votos para aprobar cada nombramiento, evaluaciones públicas y votos razonados. Hay iniciativas presentadas, toca votarlas.
Sería absurdo que Morena volviera a imponer una presidencia a su medida. La Cámara de Diputados debe construir un consenso amplio desde la convocatoria, con un comité evaluador apartidista y evaluaciones públicas. La cámara debe explicar por qué la persona elegida merece esa responsabilidad. El INE necesita a alguien honorable, con prestigio académico o profesional en materia electoral e independencia acreditada frente al gobierno y a los partidos. La renovación del consejo debe seguir ese mismo estándar conforme se abran las vacantes.
La independencia también exige que aspirantes, consejerías y mandos declaren sus vínculos familiares con dirigencias partidistas, campañas y gobiernos. Por ejemplo, Santiago Nieto es prácticamente candidato de Morena en Querétaro. Si ese partido lo postula a la gubernatura, su esposa, la consejera Carla Humphrey, debería dejar el cargo. El consejo fiscaliza campañas y toma decisiones que pueden afectar a quienes compiten. A mi juicio, esa candidatura es incompatible con permanecer en el consejo. El criterio debe valer para cualquier partido.
Antes de junio, el consejo debe concluir la revisión de sus mandos, hacer rastreable la distribución de las boletas, publicar los resultados de los simulacros del PREP y facilitar la observación electoral. Si unos cuantos votos deciden el resultado, cada decisión del árbitro tendrá que sostenerse con actas y expedientes que cualquiera pueda revisar.
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