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¡Al diablo con sus instituciones!

El arreglo institucional de los 70 años del PRI en el poder no favorecía a la democracia. Si algo caracterizaba al PRI era su empeño en mantener el poder en todo momento y en todos los espacios. La verticalidad de ese arreglo favorecía esos incentivos. Si los puestos y las quincenas de casi todo el mundo (funcionarios, legisladores, gobernadores, presidentes municipales) dependían de manera directa del jefe supremo del partido – el presidente de la república – era muy difícil y contradictorio promover instancias democráticas que le hicieran perder el poder a esa aceitada maquinaria. No había incentivos para pedirle cuentas al ejecutivo desde el legislativo, no había incentivos para brindar cifras reales y transparentes desde el gobierno, no había incentivos a contradecir al presidente. Ese régimen no tenía como prioridad y no quería tener instituciones para la transparencia y la equidad electoral.

El país tardó mucho en modificar esta realidad política. Después de varios años, las luchas democráticas cristalizaron en concreto en 1997 cuando por primera vez en décadas la mayoría legislativa no era del mismo color partidista que la presidencia de la república.  A partir de ahí se tuvo que reconocer explícitamente que las voces fuera del ejecutivo tenían que ser escuchadas, pues de otra forma no habría gobernanza en casi ningún frente. De 1997 hasta 2018 se requirieron instituciones para la democracia y su diseño tuvo que tomar en cuenta el punto de vista de muchas fuerzas políticas.

Si la sociedad y la oposición pedían transparencia, se generó un Inai; si se pedían elecciones libres, se generó un IFE/INE ciudadano; si se pedían datos objetivos y evaluaciones rigurosas, se crearon un INEGI autónomo, el Coneval y el INEE independientes. Estas instituciones se diseñaron tomando en cuenta la opinión de todos los partidos políticos dentro o fuera del ejecutivo, especialmente del PRD que pedía a gritos, y con razón, todo esto. La democracia no sólo fue respetar el voto, fue generar acuerdos políticos para el diseño de nuevas instituciones para un país más democrático y transparente.

En 2018 con un líder que enamoró al electorado regresamos el reloj político más de 20 años. A partir de ese año se consolidó nuevamente un partido hegemónico, Morena, que ha dominado el ejecutivo, el legislativo, la mayoría de los estados, así como sucedía con el viejo PRI. Los puestos públicos se deben nuevamente al jefe máximo de esta nueva hegemonía y por tanto se perdieron los contrapesos políticos. Por ello, el gobierno de AMLO y ahora el de Sheinbaum han tenido la posibilidad de modificar y eliminar instituciones sin la participación de los partidos de oposición y sin la sociedad civil, tal y como piensa un partido que quiere estar en el poder otros 70 años.

En este nuevo régimen las instituciones que acompañaron la precaria democracia de los últimos 20 años y por las cuales AMLO y sus compañeros del PRD habían luchado para contener el poder presidencial ya no tienen sentido, así como no tenían sentido en los 70 años del PRI. La transparencia, la evaluación y tener un juez electoral objetivo se contraponen a la prioridad de mantener el poder. El INE de Taddei, que implica tener sesgos partidistas en las decisiones electorales; la desaparición del Inai, del Coneval y del INEE, que ahora implica tener menor transparencia y que en la práctica ya ni siquiera existan evaluaciones, son consecuencia de haber regresado a ese país de partido hegemónico. Las instituciones que acotaban el poder presidencial fueron eliminadas o modificadas al antojo de AMLO, y los miembros del PRD (o del PRI o del PAN) que en su momento habían luchado por estas instituciones, no le quitaron ni una coma a estas iniciativas ahora que pasaron a la nómina de Morena. ¡Al diablo con sus instituciones!

Habrá que empezar nuevo.

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