Antes del 22 de noviembre: tu patrimonio, tu bolsillo, tu libertad de elegir y el crecimiento de la ciudad
La consulta del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) cierra el 22 de noviembre. ¿Sabes qué está en juego? Tu patrimonio, lo que pagarás cada año y quién decidirá qué se construye en tu calle. También están en juego la productividad y el crecimiento de la metrópoli. Ciudadanos, vecinos, arquitectos, …urbanistas: es hora de actuar.
¿Pagarías más predial por la misma casa? ¿Aceptarías que parte se fuera a obras en otro estado? ¿Quieres más discrecionalidad de la autoridad? El programa propone llevar los valores catastrales a los de mercado, pero no se compromete a bajar la tarifa. Eso puede más que duplicar el pago de una familia cuya casa no cambió. Además, destinaría una parte de lo recaudado a un Fideicomiso Metropolitano, lejos de las calles y el agua de nuestra colonia.
Por qué me ocupo
CDMX genera 15% del PIB nacional, pero ha perdido peso: su participación cayó de 17.6% en 1983 a 15.2% en 2023. En el mediano y largo plazo crece por debajo del país. Si recientemente creció algo más que el promedio, fue sobre todo por el rebote: en 2020 fue la que más cayó entre las cuatro entidades con mayor PIB. A ese panorama se suma el demográfico: su población dejó de crecer entre 2020 y 2025 y su edad mediana pasó de 35 a 37 años. No atrae capital ni talento joven. El programa, como está, agrava este panorama.
Lo que compraste y lo que decidiría otro
¿Quisieras que un Consejo de Desarrollo Metropolitano que no elegiste, lejos de tu alcance, decidiera quién puede ser tu vecino? ¿Aceptarías que se agregaran pisos en tu calle a cambio de un pago, sin preguntarte ni comprobar si bastan el espacio público, las vialidades, el agua y el drenaje? ¿Y que tu propiedad en una calle tranquila dejara de valer lo que pagaste porque las reglas cambiaron después de comprarla?
Hoy esas decisiones están cerca de ti: el gran poder de un municipio, el que no tienen ni el gobierno federal ni el estatal, es decidir sobre el uso del suelo (artículo 115 constitucional). En la ciudad debe prevalecer la regla de su Constitución: cada alcaldía formula su programa de ordenamiento, el Congreso local lo aprueba y el Gobierno de la Ciudad regula los cambios de uso (artículos 15 y 16). Nadie quiere junto a su casa un basurero, un antro de mala muerte u otra torre Mítikah y Be Grand; todos queremos parques y calles que nos lleven a casa y al trabajo. Quien decide eso debe responder ante quienes votan por él.
El POZMVM las aleja. Se declara "vinculante, de aplicación obligatoria para todas las autoridades" (p. 165) y deja al Consejo —la Sedatu, la jefa de Gobierno y los tres gobernadores, sin municipios ni alcaldías (p. 183)— aprobar proyectos y emitir dictámenes que podrían alcanzar hasta las licencias de construcción (p. 179). ¿Aceptarías que, si no construyes tu terreno en dos a cuatro años, la autoridad pudiera subastarlo (p. 171)? ¿Pagarías un impuesto sobre lo que tu terreno podría valer y no sobre lo que vale (pp. 169-170)? Eso no es planeación: es incertidumbre sobre tu patrimonio.
Además, ambos documentos crean capas de gobierno con personalidad jurídica, presupuesto y facultades. Entre ellas están las agencias con "delegación formal de funciones" (p. 185) y el fideicomiso. El PGD incluye también un "cuarto ámbito de gobierno", con consejos de atribuciones "normativas, presupuestarias y jurídicas" (pp. 28 y 31). Cada capa añade trámites-burocracia, gasto público y vetos. El resultado: más inseguridad jurídica, menos inversión, menos vivienda y menor productividad.
Del control político a la prosperidad
Lo fundamental es cambiar el enfoque: pasar del control político del territorio a un programa que promueva la prosperidad con tasas vigorosas de crecimiento. Para elevar los niveles de vida necesitamos aire más sano y limpio, agua todos los días, drenaje que funcione y menos horas perdidas en el transporte. Cada hora que un trabajador deja de pasar en un camión o en el Metro es tiempo para su familia y productividad para la economía. Esas mejoras atraen inversión y retienen a los jóvenes; más capas de gobierno, no.
Qué pedir
Retomo las preocupaciones de Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana: los documentos dejan a los ciudadanos en manos del consejo en el uso del suelo. Por eso:
1. Que el PGD y el POZMVM sólo coordinen los proyectos de toda la zona: agua, drenaje —sin seguir enviando aguas negras al Mezquital—, vialidades, transporte y menos contaminación, empezando por que Tula use, cuando menos, gas natural.
2. Que no se dé por anticipado a las nuevas instancias el poder de decidir sobre el uso del suelo de alcaldías y municipios. No queremos discrecionalidad en el uso del suelo: queremos reglas claras, conocidas antes de comprar o invertir.
Agrego tres propuestas:
3. Que una ley limite el mandato del consejo a planear y presupuestar sólo esos proyectos, sin tocar el uso del suelo.
4. Que el fideicomiso no se fondee con predial, sino proyecto por proyecto con una tenencia homologada, impuestos especiales a combustibles y, si cada congreso local lo acuerda, parte de las participaciones de su entidad.
5. Que decidan quienes fueron electos, y que las juntas técnicas del consejo y del fideicomiso las integren personas con credenciales verificables, no cuotas políticas.
Una consulta que no consulta
Analizar estos documentos no es tarea menor: el PGD tiene más de 500 páginas y el POZMVM más de 200. Pocos pueden hacerlo; no hay oposición profesional y muchos legisladores no tienen la capacidad o la voluntad de hacerlo por nosotros. Sin ese escrutinio, puede pasar una bola rápida: un cambio de gobernanza por la puerta de atrás que siente precedente para Guadalajara, Monterrey o Tijuana.
Peor aún: aunque se anunció participación virtual, el micrositio de la Sedatu no recibe comentarios; hay que acudir en persona. Es, francamente, un engaño. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos fija, por analogía, el estándar: análisis de impacto publicado, consulta abierta y obligación de atender los comentarios. Debe abrirse un sitio público donde los comentarios se reciban, publiquen y respondan con rigor.
Tal como están, es nuestro deber impedir que el PGD y el POZMVM sean vinculantes. Para evitarlo, presentemos observaciones por escrito ante la Sedatu y hagámoslas públicas. Ejerzamos el derecho de petición del artículo 8 constitucional, que obliga a la autoridad a responder. Preocuparse fue el primer paso; ocuparse ya no puede esperar.
Recomendar Nota
