Operación lavamanos: buscan origen de corrupción de Taddei en el siglo pasado

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso una presunta red de empresas que durante 27 años ha obtenido contratos del IFE, del INE y de los institutos electorales locales, simulando competencia en las licitaciones.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbuam sostuvo que el grupo empresarial de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas no surgió hace un par de años, sino que existe desde hace al menos 27, y que se consolidó entre 2014 y 2023, durante la gestión del Consejo General del INE que presidía Lorenzo Córdova. 

Recordó que el propio Córdova ha dicho en entrevistas recientes que las contrataciones se hacían en los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLE), y cuestionó: “¿Quién da los lineamientos de contratación?”.

Sheinbaum afirmó que lo primordial es que se investigue y se transparente la compra del material electoral. Para ello, anunció que la próxima semana se presentará un decreto que fortalecerá a Talleres Gráficos de México.

Anunció que al Consejo de Administración de esa institución se sumarán más secretarías, instituciones académicas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) participará como observadora. La intención es que el material electoral se elabore en esta empresa del Estado y que otros insumos se adquieran con empresas mexicanas.

Así operaba la red, según la investigación

Buenrostro explicó que la investigación, realizada con “fuentes abiertas”, detectó que entre 2014 y 2023 “se observan varias omisiones” en las contrataciones de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), cuyos “consejeros”, dijo, fueron designados por el Consejo General encabezado por Córdova. 

En ese lapso, añadió, las empresas de los Hernández Casillas recibieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos como proveedoras de material electoral.

Precisó que las firmas vinculadas a los hermanos —Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández— participaban en las licitaciones públicas del INE y de los OPLE. 

Cada una de esas empresas, indicó, presentaba su propuesta, pero al final el ganador era siempre el mismo grupo empresarial.

Para explicar el origen, Buenrostro se remontó a los años 80. La información “más vieja que encontramos” tiene 27 años y todas las empresas están ligadas a los Hernández Casillas, quienes trabajaron desde 1983 en la Secretaría de Gobernación, apuntó. 

Señaló que entre 1983 y 1988 laboraron en el Registro Nacional de Población (RENAPO), donde José Alfredo fue secretario particular del director general, Juan Carlos Padilla Aguilar, a quien vinculó con el priismo mexiquense. 

En 1989, añadió, ambos pasaron al CISEN: Padilla Aguilar como secretario general, José Alfredo de nuevo como su secretario particular y Raymundo en el área de investigaciones. En ese entonces, con Fernando Gutiérrez Barrios al frente de Gobernación, esa dependencia organizaba las elecciones federales.

“Estos hermanos empezaron su carrera en la administración pública al cobijo de Juan Carlos (Padilla Aguilar)”, comentó.

Sobre las empresas, detalló que Cartonera Plástica se constituyó en 1988 y Formas Finas Fernando Fernández en 1992. En 1999, Cartonera Plástica empezó a participar como proveedora electoral en el Estado de México y en 2005 obtuvo del instituto electoral de esa entidad un contrato por 63.7 millones de pesos, año en que hubo denuncias de irregularidades y presuntos sobornos que provocaron la renuncia de siete consejeros. 

Entre 2012 y 2013, apuntó Buenrostro, los hermanos diversificaron sus empresas y comenzaron a contratar con órganos locales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

Recordó que la reforma electoral de 2014 trasladó de los congresos locales al INE la designación de los consejeros de los 32 órganos locales, y que “el primero de octubre de 2014 este Consejo nombra a Guadalupe Taddei”.

¿De dónde venía Guadalupe Taddei?

Sheinbaum insistió en relacionar a Taddei con Córdova. Desde la tribuna presidencial cuestionó: “¿De dónde venía Guadalupe Taddei? Resulta que Guadalupe Taddei viene de un nombramiento del Consejo General del INE como presidenta del organismo que se encargó de los procesos electorales de Sonora desde 2014”. Y volvió a preguntar: “¿Por quién fue nombrada? Por Lorenzo Córdova y todos los que eran parte del Consejo General del INE”.

Buenrostro agregó que en 2023 Taddei fue designada consejera presidenta del INE y que, entre 2024 y 2025, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLE.

La presidenta, en tanto, planteó que el problema es anterior: “¿De dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? No surgió con Taddei”. 

Aclaró que nadie defiende si hubo un acto ilegal, y que eso deben revisarlo la ASF y la FGR, tanto en el caso de Taddei como en el de cualquiera que haya participado en la estructura del INE, pero insistió en que la red “tiene muchos años” y se fortaleció en la época de Córdova.

Los vínculos con el partido SOMOS

Buenrostro relacionó a Padilla Aguilar —quien después ocupó diversos cargos en el Estado de México— con Guadalupe Acosta Naranjo y con el partido SOMOS, donde cuatro décadas más tarde coinciden exintegrantes del INE: Marco Antonio Baños, representante suplente del partido ante el instituto; Edmundo Jacobo Molina, quien durante años fue secretario ejecutivo del INE y ahora encabeza el Centro de Formación y Profesionalización Política; y Lorenzo Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano.

Sheinbaum calificó de “coincidencia” ese cruce de trayectorias y lanzó: “¿De quién es el partido SOMOS? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí”.

¿Qué sigue?

Buenrostro explicó que el INE es un órgano autónomo que depende de su contralor interno y del Congreso, por lo que corresponde a la ASF identificar las irregularidades, determinar las sanciones y faltas administrativas, y presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, añadió, estudia mecanismos para evitar que estos esquemas se repitan en la Administración Pública Federal.

Sobre si las empresas pueden seguir participando en licitaciones, dijo que hasta ahora no hay una inhabilitación. Esta la puede determinar la ASF y, con los convenios de colaboración vigentes, la Secretaría podría retomarla.