Las investigaciones por corrupción pueden convertirse en un problema mayor para los gobiernos cuando comprometen a personas y estructuras vinculadas con el propio poder. La experiencia de Brasil con el caso Lava Jato puede ofrecer una lección para presidenta mexicana.
En marzo de 2014, cuando estalló la operación Lava Jato, Dilma Rousseff respaldó las investigaciones. Sostuvo que la corrupción debía combatirse sin importar quién resultara involucrado. Lo que comenzó como una investigación sobre lavado de dinero terminó revelando una extensa red de sobornos a funcionarios públicos, directivos de Petrobras y políticos de distintos partidos. Las revelaciones alcanzaron al partido gobernante, al (entonces) expresidente Lula, a integrantes de la coalición que sostenía al gobierno y a otros gobiernos latinoamericanos.
Si bien Lava Jato no fue la causa de la destitución de Rousseff, contribuyó a deteriorar la legitimidad de su gobierno y fracturar sus alianzas políticas. La experiencia dejó una lección: respaldar una investigación no significa controlar sus consecuencias.
En México, el affaire Taddei puede representar una prueba de naturaleza distinta con interrogantes políticas semejantes. Las investigaciones sobre irregularidades en contratos y adjudicaciones durante la presidencia de Taddei apuntan no solo a posibles conflictos de interés, simulación de competencia entre proveedores y triangulación de recursos, sino hacia algo aún más preocupante: ¿dónde estaban las instancias encargadas de vigilar y fiscalizar? El Órgano Interno de Control (OIC) abrió investigaciones desde mayo de 2025, pero fue hasta que el escándalo trascendió públicamente cuando conocimos su dimensión. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio hasta el 23 de octubre. Sus titulares son designados por la Cámara de Diputados. ¿Por qué no detectaron y frenaron oportunamente estas prácticas?
Lo que está revelando el asunto Taddei es que, gracias al empoderamiento otorgado por las bancadas de Morena y sus aliados en el Congreso, la magnitud de la red de corrupción instaurada en el INE habría incluido a organismos electorales locales y alcanzado a los órganos de vigilancia. Hay denuncias de trabajadores y extrabajadores sobre cobros de cuotas y extorsiones dentro del propio OIC y del área que fiscaliza los ingresos y gastos de los partidos. Son acusaciones que, de confirmarse, revelarían una contradicción inadmisible: quienes debían vigilar los recursos públicos podrían haber participado en prácticas que estaban obligados a combatir.
Llevar las investigaciones sobre el funcionamiento de los contratos del IFE/INE hasta principios de siglo no solo es ridículo, sino además costoso. Desviar recursos y tiempo a revisar lo ya auditado y prescrito solo ayuda a no reconocer ni aceptar responsabilidades.
La gravedad trasciende al posible daño patrimonial. Está en juego la credibilidad del organismo responsable de organizar las elecciones y garantizar la imparcialidad de la competencia política.
Sheinbaum enfrenta una disyuntiva: reducir el caso a responsabilidades individuales y darlo por cerrado, o permitir que las investigaciones lleguen hasta donde conduzcan. La prueba de su compromiso democrático irá mucho más allá de Taddei. Estará en sus decisiones para esclarecer las responsabilidades, corregir las fallas de vigilancia y, sobre todo, recuperar la autonomía, la integridad y la credibilidad del INE.
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