El 21 de septiembre escribí en este espacio: “Taddei y su camarilla se tienen que ir”. Advertí que defender al INE exigía preservar su autonomía, profesionalismo y conducción colegiada. Hoy, después de nuevos señalamientos, Guadalupe Taddei anuncia que presentará su renuncia.
La responsabilidad pública exige mirar hacia adelante: ¿cómo reconstruir la confianza en la institución?. Su salida no extingue las investigaciones ni las responsabilidades que pudieran acreditarse. Deben esclarecerse los contratos, los posibles conflictos de interés y la actuación de las personas involucradas, con pruebas y debido proceso. La renuncia tampoco corrige por sí sola los problemas de conducción institucional.
La ley establece dos decisiones distintas. 1. Ante la ausencia definitiva, las consejerías deben elegir, entre ellas, a quien ocupe provisionalmente la presidencia y comunicarlo inmediatamente a la Cámara de Diputados. Esa deliberación debe ser pública, transparente y fundada en capacidades e independencia. Una transición responsable exige explicar las razones del nombramiento y los compromisos de su conducción.
A las y los diputados corresponde iniciar el procedimiento constitucional: convocatoria pública, evaluación técnica, integración de la quinteta y elección por dos terceras partes de las personas legisladoras presentes. La LGIPE ordena actuar en el más breve plazo. La provisionalidad debe permitir continuidad, sin convertirse en pretexto para demorar la designación. Quien resulte nombrada concluirá el periodo iniciado en 2023.
Sí. Debe ser mujer. En 2023, el Tribunal Electoral ordenó una quinteta exclusivamente femenina para garantizar la alternancia de género en la presidencia del INE. Sostengo que la sustitución debe preservar esa determinación: se cubrirá el resto del mismo periodo, no comenzará uno nuevo. La salida anticipada de una persona no debe cancelar una garantía de igualdad.
Hoy resulta fundamental que esa designación se construya por consenso. La mayoría calificada es el requisito jurídico; un acuerdo plural es la responsabilidad política. Que Morena y sus aliados puedan reunir los votos no vuelve conveniente prescindir de las demás fuerzas. Una presidencia cercana al poder, sin conocimientos técnicos ni experiencia suficiente, profundizaría la crisis. Necesitamos independencia acreditada, solvencia profesional y capacidad para conducir un órgano colegiado.
Adicionalmente, el Congreso debería aprovechar para hacer una reforma a la reforma judicial de octubre de 2024, en la que por arte de magia y de último momento, se otorgó a la presidencia del INE la facultad del nombramiento de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin aprobación del Consejo General; la Secretaría Ejecutiva conserva una regla distinta. Debe restablecerse la decisión colegiada. La concentración de nombramientos debilita los contrapesos y facilita relaciones de dependencia personal. Cambiar a la presidenta dejando intacto ese diseño sería una respuesta incompleta.
El artículo 105 constitucional impide modificaciones legales fundamentales durante el proceso electoral. Hay argumentos para sostener que devolver esos nombramientos al colegiado constituye una corrección de gobierno interno que no altera las reglas de competencia. Pero debe justificarse rigurosamente: la jurisprudencia también considera las modificaciones a derechos y obligaciones de las autoridades electorales.
También urge atender las dos vacantes de la Sala Superior. Las salidas de Janine Otálora y Mónica Soto dejaron incompleta su integración. La sustitución de magistraturas designadas antes de la elección judicial presenta un vacío que el mecanismo vigente, basado en resultados electorales, no resuelve directamente. La Corte y el Senado deben asumir, dentro de sus competencias, la responsabilidad que les corresponda. Dejar pasar el tiempo deteriora la justicia electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una responsabilidad política decisiva: conducir una política de Estado que favorezca acuerdos y respete la autonomía electoral. Su liderazgo debe traducirse en contención de los intereses partidarios y respaldo a instituciones profesionales. Por su bien y el de México. A nadie le conviene un árbitro débil ni una justicia electoral incompleta. La altura de miras se demostrará en los nombramientos, los controles y las decisiones de estos días.
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