La renuncia de la cuestionada presidenta del Instituto Nacional Electoral no repara en nada el daño causado. Las elecciones de 2027 se celebrarán, si no se toman medidas radicales, en un clima de profunda sospecha. En dos patadas terminaron por arruinar el prestigio de una institución.
Se requiere ser muy cándido o desconocer por completo el funcionamiento del Instituto para concluir, sin pruebas contundentes, que las irregularidades y la corrupción se limitaron a la licitación de materiales electorales para favorecer a un proveedor. Sin contrapesos, las desviaciones tal vez alcanzaron otros procesos de adquisición: los de carácter sensible, pero también aquellos relacionados con la certeza electoral.
El problema es mayúsculo y sus consecuencias para el país pueden ser funestas. A la concentración de poder en una persona cercana al régimen y, en especial, al expresidente López Obrador, se suma el centralismo electoral que subordinó los llamados organismos públicos locales electorales (OPLE) al INE. Una ley torpe propició todo tipo de relaciones entre funcionarios nacionales y locales, incluidas las perversas.
Entre las primeras demandas de la oposición durante la transición democrática estuvieron las relacionadas con los materiales electorales y con la posibilidad de que se utilizaran para cometer fraudes. Se exigieron urnas transparentes y con ranuras pequeñas para evitar lo que se conocía como el «embarazo de urnas» o la aparición de boletas planchadas.
La credencial con fotografía, un padrón confiable, la tinta indeleble y las actas y boletas con medidas de seguridad se convirtieron en requisitos básicos de una elección moderna.
En 1989 conocí a varios personajes legendarios de la lucha democrática en el norte del país. Algunos ya fallecieron; otros, por fortuna, siguen aquí y de vez en cuando los saludo. Ninguno de ellos habría tolerado lo que ahora sabemos que sucedió. De inmediato habrían levantado la voz para cuestionar al organismo encargado de los comicios y desconfiar de cada una de sus acciones. Si fueron capaces de hacer lo que vimos en televisión y en las redes sociales, son capaces de cualquier cosa. Se necesita ser bastante cándido para no considerar la posibilidad de que también haya trucos en la emisión de boletas, la selección de las mesas directivas de casilla, el desempeño de los controvertidos capacitadores asistentes electorales (CAE), el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y todo aquello que esté a cargo de los funcionarios del Instituto.
Morena y su líder moral tienen una gran responsabilidad en lo sucedido. Con su actitud polarizante y su desprecio por los principios de calidad institucional, trataron al organismo electoral como si fuera una institución de poca importancia. López Obrador y su séquito de fanáticos debilitaron sus capacidades, descalificaron a sus antiguos integrantes, menospreciaron su responsabilidad como garante de las elecciones e incluso cuestionaron su utilidad. Hoy enfrentamos un problema de Estado que exige, para resolverse, decisiones de esa misma dimensión: decisiones de Estado, no solo una renuncia, por necesaria y mediática que esta sea.
La elección de 2027 será compleja. La oposición no solo enfrentará a Morena, sino también al gobierno y a un actor sumamente peligroso: el crimen organizado. En esas circunstancias, las y los mexicanos no contaremos con un árbitro respetado que inspire confianza. En una democracia moderna y seria, la jefatura del Estado ya habría convocado a la oposición para acordar medidas de emergencia. Entre ellas, una profunda depuración del organismo, la designación consensuada de su nuevo presidente y la construcción de condiciones y acuerdos que devuelvan la confianza en los comicios.
Pero eso no va a suceder. Al régimen no le interesa defender ni proteger las instituciones. Para quienes detentan el poder, lo importante es no perderlo, aun cuando al país se lo lleve el carajo. Una iniciativa de un socuro senador de Morena le dio a la presidenta del INE las facultades para concentrar todo el poder dentro del Instituto.
En 1989, los funcionarios del Registro Nacional de Electores llegaron a medianoche a Múzquiz, Coahuila. Debido a la hora, en lugar de llevar el material a las oficinas de esa dependencia, lo dejaron en la casa del titular. La oposición se enteró y detuvo al modesto servidor público, lo llevó a la presidencia municipal y exigió su remoción y una investigación. El gobierno mandó a un novel funcionario a negociar una salida al problema; era una de sus primeras misiones. El asunto empeoró cuando también retuvieron al enviado. Por suerte, la tensión pasó y me liberaron.
Aquellos incoformes tenían razón: las elecciones sin confianza no son una opción y el Estado tiene el deber de dar certeza a la sociedad y a los partidos políticos. Se necesita ser muy tonto para meter las manos al fuego por el INE.
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