De manera repentina y sin previo aviso, el gobierno federal decidió cambiar las condiciones de operación de la Modalidad 40 del IMSS. Una vez más, las reglas del juego cambian súbitamente, sin discusión pública sobre las razones, los alcances y las consecuencias de la decisión.
La Modalidad 40 permite a quienes dejan de cotizar al IMSS continuar realizando aportaciones voluntarias para acumular semanas y mejorar su pensión. Para quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997, este mecanismo podía resultar especialmente atractivo: durante los últimos cinco años antes del retiro, podían elevar sus aportaciones hasta el límite permitido (25 UMA) y aumentar significativamente su pensión.
La decisión plantea dos preguntas: ¿por qué ahora y por qué atajar este mecanismo en particular?
El gobierno argumenta que busca combatir fraudes y abusos. La verdadera razón, sin embargo, es financiera. El gasto pensionario crece aceleradamente y absorbe una proporción cada vez mayor del presupuesto. Además, se aproxima el retiro de numerosos trabajadores de entre 50 y 60 años que planeaban recurrir a esta alternativa. El gobierno habría optado por contener anticipadamente ese costo, reduciendo las expectativas pensionarias de este grupo.
Es necesario reconocer que la Generación de Transición (Ley de 1973) disfruta de condiciones más favorables que quienes cotizan bajo el sistema de Afores, una de las razones que motivaron la reforma de 1995. También es cierto que la Modalidad 40 puede generar pensiones superiores a las aportaciones realizadas. Pero esa generosidad no es una anomalía aislada: existen otros esquemas, igual o más generosos. En lugar de abrir una discusión integral, el gobierno decidió actuar sobre este mecanismo específico.
¿Por qué este y no otro? La respuesta parece política. Reformar pensiones tiene un costo electoral elevado, por lo que muchos gobiernos postergan decisiones difíciles. En este caso, los afectados constituyen un segmento acotado —aunque sean cientos de miles—, disperso y con escasa capacidad de movilización colectiva. El gobierno habría calculado que el costo político sería manejable.
El contraste resulta revelador. En 2025, el mismo gobierno redujo la edad de jubilación de ciertos trabajadores al servicio del Estado, con alta capacidad de movilización, mientras que en años previos se revirtieron ajustes pensionarios en empresas públicas como CFE y Luz y Fuerza del Centro. En la Modalidad 40, en cambio, optó por restringir beneficios. La política pensionaria parece responder a criterios distintos según el peso político de los grupos afectados.
La decisión deja tres mensajes: las presiones fiscales de las pensiones preocupan al gobierno; los beneficios se distribuyen con una doble vara, según la capacidad electoral y de movilización de sus beneficiarios, y, pese a contar con el poder para impulsar una discusión de fondo sobre la sostenibilidad y equidad pensionarias, el gobierno no tiene el menor apetito político para hacerlo.
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