Todo gobierno busca imprimir un sello propio a su gestión. Lo hace mediante reformas legislativas, políticas públicas y decisiones administrativas. Las herencias de sus antecesores siempre parecen insuficientes, inconvenientes o susceptibles de mejora. Reformar, sin embargo, no suele ser sencillo: en una democracia, el Congreso suele actuar como contrapeso a las decisiones del Ejecutivo y se requiere negociar para cambiar cualquier ley.
En México, ese contrapeso desapareció en 2024, cuando Morena y sus aliados obtuvieron mayorías calificadas en el Congreso (mediante resoluciones controvertidas). Con ese poder legislativo, el gobierno ha impulsado una de las agendas reformistas más ambiciosas de las últimas décadas. Hace unos días, la presidenta Sheinbaum “presumió” la aprobación de 27 reformas constitucionales y 76 modificaciones a leyes secundarias en apenas dos años.
Estos cambios repercuten directamente en las empresas. Planear inversiones de largo plazo se vuelve más difícil cuando las reglas del juego cambian constantemente, sin suficiente diálogo con el sector privado ni con otras fuerzas políticas.
La parálisis de la inversión que duró casi dos años se explica, en buena medida, por este proceso de reformas que han trastocado virtualmente todas las actividades económicas. Y el ciclo reformista está lejos de concluir: en el Congreso se discuten, o se han anunciado, nuevas iniciativas en materias como inversión extranjera, economía digital, aduanas, propiedad industrial, catastro, medio ambiente, inteligencia artificial y salud, además de cambios fiscales vinculados al paquete económico de 2027, entre otras.
No entro aquí a discutir si estas reformas son buenas o malas, necesarias o prescindibles. Algunas pueden tener objetivos legítimos y generar beneficios. El problema es que ninguna reforma es inocua: todas implican costos de adaptación, modifican incentivos y obligan a las empresas a revisar sus planes. Cuando los cambios se acumulan, la incertidumbre jurídica y regulatoria termina convirtiéndose en un obstáculo para invertir.
Las mayorías calificadas han facilitado una auténtica reformitis. Cada semana aparece una nueva iniciativa, una nueva justificación para modificar el marco legal o una nueva promesa de corregir los supuestos excesos del pasado. El gobierno sostiene que estos cambios buscan poner orden y mejorar las condiciones de vida de la población. Pero ¿existe una estrategia integral detrás de semejante despliegue legislativo?
La impresión es que muchas reformas responden a coyunturas, prioridades políticas o decisiones aisladas, sin una evaluación suficientemente clara de sus efectos acumulados sobre la economía. Más allá de sus objetivos particulares, el resultado es una mayor concentración del poder y un entorno regulatorio cada vez más difícil de anticipar.
Reformar no es bueno ni malo por sí mismo. Lo importante es para qué, cómo y con qué consecuencias se reforma. Un país necesita actualizar sus instituciones, pero también ofrecer estabilidad y reglas previsibles.
Porque una economía no sólo necesita buenas leyes: necesita que las empresas puedan confiar en que las reglas no cambiarán constantemente. La reformitis puede producir muchas leyes, pero no necesariamente más inversión, crecimiento o bienestar.
Recomendar Nota
