Actualizar un programa metropolitano que data de 1998 es necesario. Pero la urgencia no justifica meter por la puerta de atrás herramientas que ponen la propiedad privada bajo vigilancia oficial. Eso es lo que hace el Programa de Ordenación (ordenamiento) de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).
Empecemos por su concepto estrella: el predio "subutilizado". Los Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios permitirían a las autoridades catalogar inmuebles baldíos o subutilizados en zonas consolidadas. ¿Quién define qué es subutilizado? La misma autoridad que luego actúa. Bastaría con tener un terreno sin construir, en ruinas o con menos de 25% edificado, o una construcción antigua que valga menos de la mitad del terreno. Ninguna regla pregunta por qué. ¿Una familia que ahorra para construir? ¿Una sucesión en litigio? ¿Un desarrollador que espera permisos que el propio gobierno retrasa años? Para el programa, todo eso es "desperdicio urbano".
Después viene el castigo. Se discute un gravamen del 1% del valor sobre estos predios, y el programa plantea actualizar los registros catastrales para que el valor fiscal se acerque al valor de mercado. Dicho de otro modo, la base crece y la sanción también. Un impuesto anual por no construir es, en la práctica, un impuesto por no tener liquidez, y si el dueño no puede pagar ni construir, queda la salida final: la venta forzada en subasta pública. Se jura que no es expropiación, sin embargo, para quien pierde su terreno esa distinción es un tecnicismo. La Constitución exige causa de utilidad pública e indemnización para expropiar; la subasta por "subutilización" evita ese estándar y llega a un resultado parecido con menos garantías. Quien se beneficia no es quien ahorraba ladrillo por ladrillo, sino quien tiene capital para comprar y construir de inmediato.
La pregunta sobre quién decide tampoco tiene buena respuesta. El órgano rector es el Consejo de Desarrollo Metropolitano, que preside el titular de la Sedatu e integran la jefa de Gobierno capitalina y los gobernadores de Hidalgo, Estado de México y Morelos, hasta hoy todos de Morena. Planeación concentrada, con poco o nulo contrapeso.
Los plazos tampoco inspiran confianza. La consulta dura dos meses, con más de 70 actividades para 84 alcaldías y municipios. Para un instrumento que regirá hasta 2050 a 23 millones de personas, es poco tiempo y poco espacio. Y cada congreso local tendrá que legislar y cada entidad decidirá cómo aplicar estas figuras, con lo que habrá reglas distintas en una sola metrópoli, es decir, discrecionalidad y negociación en lo oscurito.
Mientras, el discurso oficial se contradice. El secretario de Planeación capitalino afirma que el proyecto no implica aumento de predial ni expropiaciones. Sin embargo, el documento, según lo difundido, plantea un incremento al predial, un gravamen al desperdicio urbano y la puerta abierta a la subasta forzosa. No importa lo que declare el secretario de planeación, las promesas de tribuna no valen ante un juez, lo que está escrito en el programa y se apruebe será la norma que aplique y nos rija desde su aprobación y hasta el 2050. Si bien se entiende la necesidad de redensificar y resolver la falta de vivienda en la zona metropolitana, en este caso el fin no justifica los medios.
El abandono urbano y la especulación son problemas reales, pero a dichos problemas hay que hacerles frente con incentivos, trámites ágiles, reglas claras y vigilancia del cumplimiento de la ley, no con la amenaza de quitarle su terreno a quien aún no ha podido construir o cobrarles por ello.
La consulta sigue abierta hasta el 22 de noviembre, úsenla y exijan por escrito lo que hoy se promete de palabra.
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