La molestia de Claudia Sheinbaum por la academia policial de Querétaro tiene antecedentes. Para entenderla hay que regresar a octubre de 2020, cuando la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos desató un conflicto con el gobierno de López Obrador. El reclamo mexicano fue que Washington había investigado y detenido al exsecretario de la Defensa sin informar a las autoridades nacionales.
Semanas después llegó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. La Cámara de Diputados la aprobó el 15 de diciembre y el decreto se publicó el día 18. El 14 de enero de 2021 aparecieron los lineamientos para regular la relación de funcionarios mexicanos con agentes extranjeros. La desconfianza política había encontrado acomodo en la legislación.
Desde entonces, autoridades estatales y municipales deben informar a Relaciones Exteriores y a Seguridad y Protección Ciudadana sus reuniones, llamadas e intercambios con esos agentes. Los lineamientos establecen tres días hábiles para reportarlos. Las reuniones requieren autorización previa y presencia de un representante de la Cancillería. El incumplimiento puede generar responsabilidad administrativa o penal, conforme a las leyes aplicables.
México tiene derecho a regular esa cooperación. Nadie debería discutirlo. Pero una cosa es establecer controles y otra convertir cada acercamiento en motivo de sospecha. La animadversión aparece cuando el recelo presidencial termina ocupando más espacio que la evaluación de lo que esa colaboración puede aportar a nuestras instituciones.
El pasado 2 de octubre, Mauricio Kuri y el embajador estadounidense Ronald Johnson colocaron la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial. Sheinbaum pidió explicaciones y cuestionó la ausencia de la Cancillería y del Gabinete de Seguridad. Hasta allí, podría tratarse de una revisión institucional. El problema fue la exhibición pública antes de explicar qué sabía su propio gobierno.
Kuri sí informó. El oficio dirigido al canciller Roberto Velasco está fechado el 23 de septiembre y tiene sello de recibido del día 25. La propia SRE reconoció su recepción. Después precisó que el documento anunciaba una visita protocolaria y no solicitaba autorización para cooperación en seguridad. Esa diferencia debe aclararse, pero el aviso previo existió.
También hubo autoridades federales en la ceremonia. Estuvieron el delegado de la FGR, el comandante interino de la XVII Zona Militar y un representante de la Guardia Nacional. Su presencia no sustituye una autorización, pero obliga a revisar qué información tenían y cómo circuló dentro del gobierno federal. Había funcionarios a quienes preguntar antes de convertir el asunto en un reproche presidencial.
Si faltó presentar el proyecto ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, corresponde hacerlo. Si algún funcionario incumplió una obligación, debe investigarse mediante el procedimiento respectivo. La legislación contempla sanciones, pero no autoriza a repartir culpabilidades desde el micrófono. Gobernar también exige verificar antes de acusar.
He dedicado años a formar y dirigir policías. Sé cuánto cuesta construir capacidades, profesionalizar mandos y conseguir herramientas para enfrentar organizaciones que no respetan fronteras. La capacitación internacional merece una revisión seria de programas, instructores y resultados. También merece que se explique con precisión cualquier objeción.
Reconozco los esfuerzos actuales del gobierno federal contra el crimen. Precisamente por eso resulta difícil entender que una oportunidad de formación policial termine convertida en pleito político. Querétaro debe cumplir las reglas y la Federación debe facilitar su cumplimiento, resolver las dudas y explicar sus decisiones.
Los delincuentes mexicanos se abastecen, financian y coordinan internacionalmente sin pedir permiso. Nuestros policías necesitan aprender a enfrentarlos con mejores conocimientos y recursos. La soberanía también se defiende formando instituciones capaces. Si el entusiasmo por capacitar policías exige más explicaciones que las razones de su abandono, algo anda mal en las prioridades presidenciales.
Recomendar Nota
