El cierre de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ha sido una de las decisiones más acertadas y trascendentes que ha tomado el gobierno mexicano en las últimas décadas.
LyFC era un lastre para el Estado mexicano. Más que una empresa, se había convertido en un reducto de privilegios y corrupción comandado por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME. Durante décadas, sus líderes decían defender al proletariado con la mano izquierda, mientras con la derecha ordeñaban al Estado.
Un ejemplo basta para darnos una idea. El contrato colectivo establecía que, si la empresa aumentaba sus ventas o su cobertura, debía contratar más trabajadores. Era una cláusula absurda que impedía cualquier mejora en productividad y que solo engrosaba las filas del sindicato. La empresa contaba con alrededor de 44 mil trabajadores activos, pero no había certeza de cuántos laboraban realmente ni de cuánto ganaba cada uno.
El contrato colectivo contenía privilegios insólitos para cualquier otra empresa. Si una cuadrilla en la Ciudad de México, era enviada a reparar un transformador en el Estado de México, había que pagarle viáticos y hospedaje por trabajar en otra entidad federativa. Si a esa cuadrilla se le ponchaba una llanta, ningún integrante podía cambiarla, porque esa tarea no estaba contemplada en su contrato. Otra de las lindezas que contenía el contrato era el derecho que tenían los trabajadores en “áreas rurales” a un caballo cada dos años. Y así hay varios ejemplos que generan indignación.
El SME llegó a tener el control de la empresa y mantuvo como rehenes a varios gobiernos. Ninguno se atrevió a poner orden por miedo a que cumpliera su amenaza de dejar sin luz al centro del país, la zona atendida por LyFC.
Para finales de 2009 la situación era insostenible. La falta de capacidad para conectar nuevos proyectos frenaba la llegada de industria y comercio a la zona atendida por la empresa. Su ineficiencia era tal que necesitaba cuantiosos subsidios. Las pérdidas en 2009 fueron de 46 mil millones de pesos y para 2010 se esperaba que llegarían a 55 mil millones de pesos. Era indignante que el dinero de las familias y empresas que pagaban impuestos se destinara a sostener a una dirigencia extorsionadora.
Ante esto, el presidente Felipe Calderón hizo lo que otros presidentes debieron hacer y no se atrevieron: extinguir a la empresa. A la media noche del 11 de octubre de 2009, en un operativo impecablemente ejecutado, la Policía Federal tomó las instalaciones y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumió la operación del servicio.
Cerca de 30 mil trabajadores aceptaron su liquidación, que incluyó la indemnización de ley más un bono adicional. Quien afirme que no se liquidó a los trabajadores miente: la oferta estuvo sobre la mesa para todos.
Con la CFE al frente, se reactivaron las conexiones y las obras que LyFC tenía detenidas, y el servicio se operó con una plantilla muy inferior a la que tenía el SME.
Por eso muchos mexicanos reconocemos y agradecemos la determinación del presidente Calderón, aunque existen minorías radicales que, actuando como salvajes, intenten denostar su imagen.
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