En abril pasado, en este mismo espacio, me pregunté si el polémico recorte del Banco de México obedecía a un criterio técnico o a la conveniencia de un gobierno con un margen de acción cada vez más reducido. Seis meses después, los datos parecen dar respaldo a la lectura técnica.
Banxico no ha vuelto a recortar la tasa de referencia desde mayo. El jueves pasado determinó, por unanimidad, mantenerla en 6.50%, días después de que la Reserva Federal subiera la suya por primera vez en tres años. En su comunicado, sostiene que la política monetaria mexicana “no tendría que reaccionar de manera mecánica” a lo que haga Washington.
En principio, es un argumento convincente. Pero ¿qué implica?
La distancia con la Fed tiene precio: una brecha de tasas menor reduce el atractivo relativo de los activos en pesos y puede añadir presión sobre nuestra moneda. Hoy la diferencia entre ambas tasas es de 250 puntos base, mientras hace tres años era de 600 (BBVA Research). El peso pasó de 16.86 a cerca de 17.75 por dólar en menos de un mes, en un contexto global marcado por el conflicto en Irán. ¿Vale la pena pagarlo? La Junta considera que sí: con la inflación subyacente a la baja y sin presiones significativas de demanda, no ve razones para subir la tasa.
Sin embargo, la duda que motivó el recorte de marzo no está del todo resuelta. Con una Fed que sube, mantener la tasa es una decisión relativamente fácil de defender ante el mercado y ante el gobierno. La gobernadora Rodríguez Ceja ha señalado que las medidas federales para contener los precios de los energéticos han evitado que el choque global se traslade a la inflación. En otras palabras, que el Ejecutivo también ha contribuido al entorno de calma.
La autonomía implica tomar decisiones que no deben justificarse ante el gobierno; pero, sobre todo, estar dispuesto a que alguna de ellas incomode al gobierno. Un repunte de precios o una depreciación más pronunciada del peso —incluso un cambio en las expectativas— podrían obligar a Banxico a subir la tasa. Veremos si la institución puede hacer lo que corresponde.
La pregunta es quién estará sentado en la Junta de Gobierno si eso ocurre, o mejor, cuando eso ocurra.
El próximo 31 de diciembre termina el periodo de Jonathan Heath, quien votó contra los dos últimos recortes, aprobados por tres votos contra dos. Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum sólo ha designado a un integrante de la Junta, Gabriel Cuadra. Le corresponderá decidir si propone la continuidad de Heath o a un sucesor. En 2027 ocurrirá lo mismo con la gobernadora Rodríguez Ceja. Si ambos son relevados, la actual titular del Ejecutivo habrá nombrado a tres de los cinco integrantes de la Junta, con la aprobación de un Senado controlado por el oficialismo.
Por eso conviene seguir con atención esos procesos, además de anticipar un estándar: perfiles experimentados, con solvencia técnica e independencia de criterio, capaces de resistir el escrutinio público más exigente. Idealmente, la propuesta debería llegar antes del 15 de diciembre, fecha límite para que el Senado cierre su periodo de sesiones ordinarias.
Nuestro banco central sigue siendo autónomo, pero su autonomía tiene un examen pendiente: en las decisiones y en quienes deben tomarlas.
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