“No hay viento favorable para barco sin rumbo”, Séneca
La lucha del gobierno contra el huachicol, en todas sus modalidades, no solo es un desastre: es la confirmación de una estrategia fallida. La trazabilidad anunciada por CSP es una ficción discursiva, desmentida por los hechos. Tres operativos presentados como triunfos exhiben, en realidad, el caos institucional en que la 4T tiene sumido al país.
En San José Iturbide, Guanajuato, con la presencia de la presidenta, la fiscal general y el secretario de Seguridad, se anunció el decomiso más grande de la historia reciente. La puesta en escena terminó convertida en bochorno público.
La fiscalía admitió la ausencia de pruebas y el secretario de Seguridad reconoció que el anuncio se hizo sin verificar la información. La empresa acusada opera con permisos vigentes y acreditó la legalidad del combustible. No existe evasión ni delito probado. Si la trazabilidad fuera real, la Comisión Nacional de Energía y la Secretaría de Energía habrían evitado esta exhibición de improvisación, negligencia e ineptitud.
Lo sucedido en la Secretaría de Marina rebasa cualquier margen de tolerancia institucional: una evasión fiscal estimada de 600 mil millones de pesos y apenas siete detenidos, entre ellos Manuel Roberto Farías y Fernando Farías, altos cargos de la Marina, acusados por el exsecretario Rafael Ojeda “en una conversación” en la FGR, sin denuncia formal ni documentos por escrito; es decir, sin pruebas sólidas. El operador clave sigue prófugo y Ojeda permanece “desaparecido”. Las aduanas marítimas dependen desde 2021 de la Agencia Nacional de Aduanas de México, sectorizada en Hacienda, pero operada por la Secretaría de Marina. Durante ocho años, la Agencia y la Secretaría de Energía archivaron más de cien alertas y validaron pedimentos de combustible disfrazado como aceite vegetal. Si la trazabilidad existiera, este megafraude no habría ocurrido. Lo que queda al descubierto no es una falla aislada, sino una red de corrupción instalada en los más altos niveles del gobierno.
En el caso de Ingemar, se detuvo a Ernesto Ruffo por delincuencia organizada, un delito grave. La detención fue presentada por CSP y la FGR como un éxito. El monto imputado directamente es de 166 millones de pesos, y la Fiscalía atribuye a la red evasora más de 4 mil millones. Dos meses después, Ruffo pasó de la prisión de máxima seguridad del Altiplano a prisión domiciliaria en Ensenada, sin que ninguna autoridad haya podido sostener con pruebas los delitos atribuidos. Otro golpe anunciado como victoria terminó exhibiendo la fragilidad del caso y la irresponsabilidad de quienes lo promovieron.
La SSPC de Omar García Harfuch anunció y avaló un decomiso sin verificarlo. La FGR, a cargo de Ernestina Godoy, judicializó sin pruebas contundentes. A Pemex no la escucha nadie. La Secretaría de Energía no aparece. La Agencia Nacional de Aduanas de México, dependiente de la Secretaría de Marina, opera como una cueva de corrupción. El resultado es demoledor: todos ellos han dejado en ridículo a CSP y han exhibido la descomposición del aparato gubernamental.
La estrategia de seguridad fiscal y energética de México está en manos de un gobierno sin gobernanza, sin controles y profundamente corrompido: responsable tanto por lo que hace como por lo que permite, encubre y deja crecer.
Pancho Graue
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