¿Qué son las alertas?
Las alertas desarrolladas por Causa en Común identifican posibles anomalías en el registro, clasificación y comunicación de las cifras oficiales sobre delitos. No prueban que los datos hayan sido alterados deliberadamente ni permiten atribuir responsabilidades por sí mismas. Señalan comportamientos que, por su magnitud o falta de explicación, requieren una revisión técnica y una respuesta de las autoridades. Son cinco: variación estadística atípica, posible reclasificación, posible subregistro, opacidad por desaparecidos y uso propagandístico de la información. En esta entrega explicamos la alerta de variación estadística atípica.
Una disminución considerable de los delitos debería ser una buena noticia. Si además se mantiene en el tiempo y puede relacionarse con acciones concretas de las autoridades, podría servir para identificar políticas eficaces y replicarlas en otras entidades. El problema comienza cuando las cifras cambian de manera abrupta sin que exista información suficiente para entender qué ocurrió.
Ése es el propósito de la alerta de variación estadística atípica: identificar incrementos o disminuciones interanuales que se apartan del comportamiento esperado de un delito y que no cuentan con una explicación metodológica, normativa, administrativa u operativa suficiente.
En el informe Qué dicen y qué ocultan las cifras oficiales sobre delitos en México, Causa en Común aplicó esta alerta a los registros publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para el primer semestre de 2026, comparados con el mismo periodo de 2025. Como regla general, se consideraron atípicas las variaciones iguales o superiores a 50%, ya fueran al alza o a la baja. En delitos con pocos registros, el umbral se redujo a 30%, pues un movimiento pequeño en números absolutos puede producir cambios porcentuales muy elevados.
Esta precisión es importante: un porcentaje espectacular no siempre representa una transformación de la misma magnitud en la realidad. Si una entidad pasa de una a siete víctimas de feminicidio, el incremento es de 600%, aunque la diferencia absoluta sea de seis víctimas. En cambio, una reducción de 50% en un delito que registra cientos de casos representa un cambio mucho mayor en términos absolutos. Por eso, los porcentajes deben leerse junto con el número de casos, los antecedentes de cada entidad y las características del delito.
Aun con estas precauciones, los resultados del primer semestre de 2026 ameritan explicaciones. La alerta se activó en los diez delitos analizados: homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, narcomenudeo, violencia familiar y los robos con violencia de vehículo, a transeúnte y a transportista.
En homicidio doloso, San Luis Potosí reportó una reducción de 82%; Zacatecas, de 62%; Quintana Roo, de 60%; Nayarit, de 59%, y Guanajuato y Nuevo León, de 51%. No es imposible que los asesinatos disminuyan de manera pronunciada. Lo que resulta indispensable es conocer las razones. ¿Cambió la dinámica criminal? ¿Hubo una intervención pública particularmente eficaz? ¿Se modificaron los criterios utilizados para registrar o clasificar las muertes? ¿La reducción también aparece en certificados de defunción, servicios forenses y otras fuentes?
La misma necesidad de explicación existe cuando los registros aumentan. En extorsión, Chihuahua informó un incremento de 2,325%; Zacatecas, de 511%, y Yucatán, de 300%. En noviembre de 2025 entró en vigor una nueva ley general en la materia, que modificó las facultades para investigar este delito de oficio. Por tanto, es razonable prever aumentos derivados de un mayor conocimiento institucional de los casos. Sin embargo, las enormes diferencias entre estados sugieren que la aplicación de las nuevas disposiciones, los criterios de registro o las capacidades institucionales podrían ser muy desiguales.
Este ejemplo muestra por qué una alerta no equivale automáticamente a señalar una irregularidad. En ocasiones existe un cambio legal o administrativo que ayuda a explicar el movimiento. Pero esa explicación debe hacerse pública y permitir que las cifras sigan siendo comparables. Si una modificación en las reglas produce más investigaciones, no necesariamente significa que la extorsión haya crecido en la misma proporción; podría significar que las autoridades comenzaron a registrar hechos que antes no conocían o no investigaban.
También llaman la atención los casos en los que una entidad reporta cero. Durante el periodo analizado, algunos estados no registraron víctimas de secuestro, trata de personas o robo a transportista con violencia. Coahuila, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, por ejemplo, informaron una reducción de 100% en robos a transportistas con violencia. En términos administrativos, esos estados habrían eliminado el delito durante el primer semestre de 2026.
Eso puede ocurrir, especialmente cuando la incidencia previa era muy baja. Pero un cero no debe aceptarse como explicación de sí mismo. Puede significar que no hubo casos; que las víctimas no denunciaron; que las autoridades no iniciaron investigaciones; que los hechos fueron clasificados en otra categoría, o que existieron problemas en el reporte al SESNSP. Son posibilidades muy distintas y cada una tiene implicaciones diferentes para la política de seguridad.
¿Qué deberían informar las autoridades ante una variación atípica? Al menos, el número absoluto de casos; la evolución mensual y de años anteriores; los cambios legales o metodológicos que afectaron el registro; las acciones institucionales que podrían explicar el resultado; la existencia de modificaciones en los criterios de clasificación, y los mecanismos mediante los cuales la información puede contrastarse con otras fuentes.
No se trata de desconfiar automáticamente de cualquier disminución ni de negar posibles avances. Se trata de reconocer que las estadísticas delictivas son registros administrativos: entre la comisión de un delito y su aparición en una base oficial intervienen denuncias, investigaciones, decisiones ministeriales, clasificaciones jurídicas y procesos de reporte.
Por eso, mientras más extraordinario sea un resultado, más detallada debería ser su explicación. Si un estado redujo los homicidios en 82%, multiplicó las extorsiones más de veinte veces o dejó de registrar por completo determinado delito, corresponde saber qué ocurrió. Una política pública exitosa debe poder explicarse. Una cifra confiable, también.
Recomendar Nota
