Guadalajara Jal.- En el imaginario colectivo existen dependencias que lucen más como agencias de colocación de compadres que como instituciones públicas al servicio de las personas. Por sus resultados de los últimos años, una de ellas es el SIAPA, el organismo encargado de llevar agua potable a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde han hallado cobijo perfiles amigos como la conductora de televisión Elizabeth Castro, quien pese a todos los hechos de corrupción documentados debido a su nombramiento como “asesora técnica”, se perfila a recibir una pensión dorada de 72 mil pesos por mes, con cargo a las y los jaliscienses.
Pero ese no es el único organismo donde la función pública abre la cartera sin límite a las amistades. El Instituto Jalisciense de la Vivienda, el Ijalvi, también tiene lo suyo.
Al frente de él está Luis Guillermo Medrano Barba, arquitecto de profesión y político de trayectoria. Fue alcalde y director de Obras Públicas de Ahualulco de Mercado, municipio del que es originario; candidato a diputado local, funcionario en Tonalá, y lo más importante: secretario de Actas y Acuerdos de Movimiento Ciudadano y ex coordinador estatal de ese partido.
Ese es un currículum completamente cercano a la política partidista y que, por sí mismo, no tendría nada de extraño si no fuera porque hoy encabeza un organismo cuya responsabilidad es nada menos que diseñar, coordinar y ejecutar las políticas de vivienda en Jalisco.
Pero Medrano Barba también es empresario, y ahí es donde el asunto comienza a ponerse interesante.
Una búsqueda en el Registro Público de Comercio muestra su participación accionaria en Servicio Siome, SA de CV, sociedad establecida en Ahualulco de Mercado cuyo objeto principal es la comercialización de gasolinas y diésel. También aparece desde 2008 como accionista de CIE Construcción e Infraestructura y Edificación, dedicada a trabajos de construcción y mantenimiento, y figura además en La Barañita, sociedad vinculada con actividades agrícolas, forestales, ganaderas, piscícolas, apícolas y de invernadero.
Así que ahí tenemos a un funcionario con amplia trayectoria política, arquitecto, exalcalde, exdirector de Obras Públicas, candidato a diputado y empresario con intereses en la construcción, los combustibles y el sector agropecuario. Todo esto mientras encabeza el instituto encargado de la política de vivienda de Jalisco. Un perfil bastante completo para una dependencia que, en el papel, tiene la misión de garantizar uno de los derechos sociales más importantes.
Pero más allá del currículum de su director y las empresas en que participa, lo realmente importante es qué hace el Ijalvi y sus resultados. Ahí es donde el Instituto comienza a quedar a deber.
En un estado donde miles de familias enfrentan cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, uno esperaría que el organismo encargado de atender ese problema tuviera resultados claros, contundentes y fáciles de medir. Pero no.
Por ello, solicité información estadística sobre los programas del Ijalvi. La respuesta de su Unidad de Transparencia señala que en 2025 se destinaron 4 millones de pesos al programa “Jalisco Sí Pinta”, 2.5 millones para acondicionar viviendas de personas con discapacidad y otros 50 millones para el mejoramiento de vivienda en 40 municipios. Los datos correspondientes a 2026 todavía no han sido procesados.
Y, curiosidades de la vida, entre los municipios más beneficiados aparece Ahualulco de Mercado: la localidad de la cual es originario el director general.
Esto, por supuesto, no significa por sí mismo que exista alguna irregularidad. Para afirmarlo tendrían que revisarse las reglas de operación, los criterios de asignación, los expedientes y los beneficiarios. Pero cuando se habla de recursos públicos y de un funcionario con una trayectoria política tan marcada, las coincidencias merecen, cuando menos, una explicación transparente.
Luego está el sueldo. Medrano Barba percibe 107 mil 699 pesos brutos al mes, además de apoyos de despensa y pasaje, un aguinaldo de 169 mil 36 pesos y una prima vacacional de 16 mil 903 pesos.
Y eso es mucho o poco, te preguntarás. Porque en México realmente nadie diría que percibe lo que merece. El tema acá es que la política de vivienda en Jalisco está en manos de un amigo del partido, y cuyos resultados son tan mínimos que se reducen a tres cifras para tres programas diferentes.
Por eso el Ijalvi es parte de la lista de los llamados “elefantes blancos” de la función pública: organismos que sobreviven con estructura, presupuesto y funcionarios, pero cuya utilidad para resolver los problemas para los que fueron creados no siempre queda clara.
La misión del Ijalvi es garantizar el derecho a la vivienda. Ninguno de los datos proporcionados dimensiona esa meta. Hoy no sabemos a cuántas familias logró acercar a una vivienda digna, accesible y adecuada, sólo las que pintó, acondicionó y mejoró.
Y mientras esa respuesta siga sin aparecer con claridad, resulta inevitable mirar al instituto con lupa. Sobre todo cuando quien está al frente reúne varios de los ingredientes de aquella vieja agencia de colocación de la que hablábamos al principio: trayectoria partidista, cargos públicos, cercanía política y actividades empresariales en sectores que incluso tienen relación con la construcción.
O como decimos acá en Jalisco: otra oficina pública que convirtieron en refugio para la clase política.
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