Las líneas de pobreza por Ingreso al mes de agosto revelan que la variación del costo anual de las canastas urbanas alimentaria (mide la pobreza extrema por ingresos) y no alimentaria que contempla bienes y servicios indispensables como educación, salud, vivienda, y transporte, etc., aumentaron a un ritmo superior al del promedio del INPC. Los alimentos procesados, los productos del campo y la educación se encarecieron más que el promedio general.
Por otra parte, en el segundo trimestre de 2026, la pobreza laboral (población con ingreso laboral per cápita inferior al costo de la canasta alimentaria) se ubicó en 31.9%. Esta situación de ingresos insuficientes explica el relativo éxito de las transferencias gubernamentales pues dan un soporte al ingreso familiar, pero sin atender otras necesidades y sin sostenibilidad en el mediano plazo.
Esto es consecuencia del tipo de economía caracterizada por la informalidad, empleo precario y actividades ilegales, donde para la mayor parte de la población no se genera el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida presente y futura.
También tiene que ver el insuficiente crecimiento de la economía; crecer es necesario, pero no suficiente para crear condiciones de bienestar. Con 30 años de un pobre crecimiento es evidente que se requiere generar más bienes y servicios de demanda final, pero al mismo tiempo lograr que sean más accesibles para la mayor parte de la población.
David Pilling (“the growth delusion”) afirma que desde hace casi 100 años el crecimiento del PIB se convirtió en la prioridad de los países y se generalizó como un indicador de su bienestar; el producto se convirtió en un objetivo y punto de comparación entre países, pero no considera otros componentes de bienestar como el acceso al agua potable, educación de calidad, calles seguras, aire limpio, cohesión social, percepción de seguridad y bienestar general.
Por ello, crecer si es importante, como condición necesaria, pero no exclusivamente como meta, sino como medio imprescindible para poder garantizar el resto de las condiciones de bienestar para toda la población. Son necesarias una política económica socialmente responsable y una política social económicamente viable.
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