DISCUSIÓN: Un Legislativo más bien Ejecutivo 

Carlos Carmona

El pasado martes 1 de septiembre se sucedieron —en un mismo día, pero en lugares diferentes— acontecimientos políticos interesantes. Por la mañana, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum celebró su Segundo Informe de Gobierno 2025-2026. Por la tarde, en San Lázaro, el Congreso inauguró el último año de la LXVI Legislatura. Se podrá criticar mucho al régimen autoritario del siglo XX, pero el informe presidencial era uno de los ejercicios republicanos más rescatables de nuestra historia. Diputados y senadores tenían la oportunidad, como soberanía, de escuchar las aspiraciones y, en muchos casos, los descalabros del poder político en turno. Además, se abría un resquicio para interpelarlo. Baste recordar al entonces diputado Porfirio Muñoz Ledo arengar al presidente Miguel de la Madrid en su informe. 

Algunos dirían que aquella intervención —no la única, ni el único— señalaba una grieta al entonces régimen monolítico del priísmo. La autodenominada “Cuarta Transformación”, en ese peligroso afán de hacer historia, “transformó” esa tradición republicana en un mítin de asistencia controlada, incluso para los más conspicuos integrantes del régimen. Quienes llegaron con la consigna —porque nunca pasó de consigna—, de separar al poder político del poder económico, celebraron junto a los empresarios más acaudalados del país el mayor logro retórico que yo haya escuchado en toda mi vida: “hacer del amor política pública”. Desde luego, para llevar a cabo semejante desmesura, han echado mano de sus también desmesuradas y sobrerrepresentadas mayorías.

Como le decía, en la tarde de este martes arrancó el último tramo de una legislatura que lleva a cuestas la responsabilidad de haber transformado —es un decir— nuestro Poder Judicial, institución, si bien perfectible, muy rescatable del otrora régimen de la transición. Si eso cuenta como transmutar amor en política pública, apreciable lector, estamos en serios problemas. Para lograr esa suerte de alquimia orwelliana, la presente administración seguirá valiéndose de una de las más aborrecibles prácticas del régimen autoritario del siglo XX: el mayoriteo. Práctica que el expresidente López Obrador restauró sin reparo desde que llegó al poder. 

“Las mayorías están para ejercerse”, he escuchado decir a muchos analistas políticos serios los últimos años a manera de explicación sobre esta actitud para con el Poder Legislativo. A mí me gustaría aventurar otra hipótesis: tanto el expresidente, como la actual mandataria, jamás se interesaron por desempeñar el cargo de legislador, incluso en la época en la que fueron oposición. Siempre actuaron a través de representantes que lo que menos buscaban era el diálogo y el acuerdo. Quizás eso explique el desdén y, en muchos casos, desprecio por la labor legislativa que han mostrado. Si entre tus legisladores más experimentados se cuentan personalidades como las de Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Layda Sansores o Pablo Gómez, de nuevo, apreciable lector, estamos en serios problemas. Y a eso debemos agregar la expresión “no se le mueve ni una coma”, frase devenida en orden que legará a la posteridad el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación. Esa expresión, además del evidente talante autoritario, denota desconfianza, miedo incluso. 

En este inicio del periodo de sesiones, también se tomó protesta a Raúl Bolaños-Cacho Cué (Partido Verde Ecologista de México [PVEM]) como presidente de la Cámara de Diputados y al morenista Higinio Martínez Miranda, como presidente del Senado. Experiencia y capacidad de interlocución son dos de las características que advierto en los titulares de ambas cámaras. Bolaños-Cacho —432 votos a favor, uno en contra, diez abstenciones— relevó a Kenia López Rabadán y se convirtió en el primer diputado del PVEM en presidir San Lázaro. Abogado con especialidad en la Universidad de Harvard, tiene una carrera que va de secretario particular del entonces director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a convertirse en el senador que propuso el transitorio que extendía el plazo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, en el primer intento de reforma al Poder Judicial por parte del aparato morenista. El nuevo presidente del Congreso sabrá tejer con el coordinador morenista, Ricardo Monreal, su gran aliado y amigo (desde que ambos fueron senadores del 2018 al 2024), todos los acuerdos necesarios para generar una dinámica fluida en la conducción de la Mesa Directiva. 

Por su parte, Higinio Martínez —116 votos a favor de 117 presentes— relevó a Laura Itzel Castillo. El presidente del Senado se ha estrenado con la declaración de no descartarse para la gubernatura del Estado de México y en medio de una situación ríspida en los equilibrios internos de la Cámara. Una aduana se cierne sobre la presente legislatura, una aduana que marcará el ritmo de la política nacional y en consecuencia de la dinámica parlamentaria: las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027. Tanto Martínez como Bolaños-Cacho Cué conducirán los debates del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027; el reto de ambos presidentes será mantener la pluralidad en la actividad parlamentaria, aunque aquélla esté dominada por la coyuntura electoral.

En la Cámara de Diputados, lo previsible es que la conducción sea más fluida que con la anterior Presidencia. El 8 de septiembre pasado se recibió el Paquete Económico 2027; el 20 de octubre se cumplirá el plazo de la Ley de Ingresos; y el 15 de noviembre, el del Presupuesto. Bolaños-Cacho ha prometido neutralidad e institucionalidad. Con mayoría calificada, la neutralidad consistirá en dar la palabra y mandar a comisiones aquello que Palacio Nacional ya ha dictado. En los tiempos que corren, la palabra “institucionalidad” es una aspiración y nada más. El diputado Sergio Gutiérrez Luna quedará como primer vicepresidente de la Cámara Baja, para dar muestras de ello.  

El Ejecutivo ha preferido enviar un inmenso inventario de ratificaciones, minutas e iniciativas primero a la Cámara Alta. Higinio Martínez, fundador del poderoso Grupo Texcoco, presidirá una mesa integrada también por Mauricio Vila (Partido Acción Nacional) y Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM). Pero su verdadero reto residirá en la dinámica que logre entablar con el coordinador de su bancada, Ignacio Mier Velazco (nombrado apenas el 1 de febrero de este año) y su antecesor, Adán Augusto López Hernández. De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa: “Mier únicamente ha hecho cambios en áreas como Comunicación Social y Recursos Humanos, pero las decisiones cotidianas de oficina las siguen tomando los tabasqueños.”

La presidencia de Martínez Miranda se ha estrenado con un asunto trascendente: el de Enrique Inzunza, senador sobre el que pesa una solicitud de detención con fines de extradición por parte del gobierno norteamericano, por supuestos vínculos con el crimen organizado. Quien no se ha cansado de darnos muestras de cinismo, desvergüenza y gusto por los autores clásicos. El martes 8 de septiembre se dió a conocer, mediante un muy ambiguo escrito  firmado por el secretario técnico del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional [MORENA], que el senador Inzunza dejó de formar parte de su fracción legislativa (¡a petición del mismo Inzunza!) “con efectos a partir del 26 de agosto de 2026”. Es decir, ha dejado de pertenecer al grupo parlamentario del oficialismo, pero no del partido político.

El inventario legislativo fue perfilado días antes por la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, en las reuniones plenarias de los diputados de MORENA: anticorrupción (19 leyes y 2 ordenamientos nuevos), Ley General de Feminicidio, prohibición de doble nacionalidad para presidencia y gubernaturas, IMSS-Bienestar, leyes secundarias en materia judicial, justicia familiar, y el paquete del T-MEC (derechos de autor, propiedad industrial, inversión extranjera). En total: 27 reformas constitucionales y 76 legales. “Se recuperó el sentido social de la Constitución”, dijo la antes secretaria de Gobernación. La cifra es el mejor argumento de quienes sostienen que esta legislatura no delibera: ejecuta. 

Vale la pena rescatar una anécdota de esa reunión plenaria que robustece la hipótesis anterior. La diputada morenista Elena Segura solicitó el uso de la voz y pidió a la consejera una mayor comunicación y apertura cada vez que el Ejecutivo envíe iniciativas. Aquí las palabras de la diputada: “ha habido ocasiones en que [en] las iniciativas que nos llegan encontramos algunas incompatibilidades, incongruencias, antinomias jurídicas y lo hacemos del conocimiento de los equipos de trabajo y, sin embargo, literalmente nos dicen: ‘No se mueve ni una coma, y eso, consejera, nos provoca que lo tengamos que defender y argumentar en el pleno, en las comisiones y nos vemos vapuleados por la oposición, pero lo peor del caso es que con argumentos legítimos”. 

Dos piezas resaltan por sobre toda la Gaceta Parlamentaria. En primer lugar, la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, firmada el 15 de julio y turnada a las comisiones de Justicia e Igualdad de Género en el Senado. La norma homologa en toda la República el tipo penal de feminicidio, establece diez (casi ininteligibles) razones de género que configuran el tipo penal, establece penas de 50 a 70 años y una multa que va de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 19 agravantes de imprescriptibilidad, y ordena investigar toda muerte violenta de mujer como posible feminicidio. El diagnóstico es correcto: el federalismo penal hizo del feminicidio un archipiélago de cifras. Pero hay también un riesgo: la ley no crea fiscalías ni peritos; puede, en cambio, ofrecer una fotografía de “cero impunidad”. 

En segundo término, destaca el paquete anticorrupción que incluye a la propia Alcalde, a Raquel Buenrostro y la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, a la Auditoría Superior de la Federación, y al Tribunal de Justicia Administrativa. Habla del ejercicio del gasto en tiempo real, de una fiscalía anticorrupción con un titular de siete años aprobado por dos tercios del Senado, de una fiscalía en materia de hidrocarburos y, según lo que ya han filtrado miembros de MORENA, el fin del fuero legislativo. El blanco —como ha sido desde 2019— son las factureras y el hoy denominado “huachicol fiscal”. Surge un dilema de arquitectura institucional: se desmontó al también perfectible pero muy rescatable Sistema Nacional Anticorrupción, y hoy se pretende construir un “nuevo” sistema anticorrupción “como política de Estado vinculante”, pero no cimentado en instituciones autónomas. Es decir, un Estado que se audita a sí mismo. ¿Qué puede salir mal?

Aquí entra la variable que explica por qué el periodo que dio formalmente inicio el martes 1 de septiembre no se puede entender desde una perspectiva meramente parlamentaria. El 6 de junio de 2027 se elegirá gobernador en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. MORENA ocupa hoy doce de esas sillas; tres, el PAN (Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro); una, Movimiento Ciudadano (Nuevo León); y una, el Verde (San Luis Potosí). No hay, todavía, candidatos oficiales. Lo que se observa es simulación: 277 personas se registraron en junio como aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación. La coalición tiene hasta el 31 de diciembre de 2026 para recortar esa lista, encuestar y destapar. La presidenta Sheinbaum, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández —presidenta y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido en el poder, respectivamente— perfilaron paridad: diez candidaturas para mujeres y siete para hombres. 

Ese mapa configura la glosa del informe presidencial. En su informe, Sheinbaum habló de “transformar el amor en política pública” y de un país inexistente. El Congreso, a pesar de estrenar dos presidentes con experiencia y peso político propio, se usará como mero instrumento de ejecución y no como un espacio de deliberación. Palacio Nacional instruye la agenda: 277 nombres y 17 candidaturas. Lo que hay es una máquina con reloj de tres meses y medio, dos normas con alto potencial demagógico y una mayoría que, como han comentado a quien esto escribe, está para usarse. Fin del republicanismo: un Legislativo más bien Ejecutivo. 

*Carlos Carmona. Abogado y lector. Intentó ser pianista.
@crcc0206