Soledad Loranca
El tramo final de la LXVI Legislatura enfrenta un complejo acto de equilibrio entre la responsabilidad macroeconómica y las presiones inherentes al cierre del periodo ordinario. Además, el Instituto Nacional Electoral dio inicio al Proceso Electoral Federal 2026–2027, donde se elegirán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, múltiples Congresos locales y ayuntamientos. En total se someterán a votación más de 19 mil cargos. Bajo este contexto, los asuntos pendientes en la agenda pública inevitablemente entran bajo esta lógica electoral y el debate se orienta hacia su utilidad en campaña.
En este Periodo Ordinario de Sesiones se discutirá el Paquete Económico para 2027. El presupuesto público no es sólo un documento contable; es el mecanismo de priorización política por excelencia. Las políticas públicas no se construyen en los discursos, sino en las partidas presupuestales: la asignación real de los recursos fiscales revela la verdadera jerarquía de sus objetivos. El presupuesto no refleja lo que el gobierno discursivamente dice que le importa, sino lo que en la realidad electoral necesita sostener para ejercer y mantener el poder.
El itinerario legislativo del Paquete responde a facultades diferenciadas:
- La ruta de los ingresos (Diputados y Senado): las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Ingresos se deben dictaminar en las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 20 de octubre para su aprobación, enviándola de inmediato al Senado, cuyo plazo de ratificación vence el 31 de octubre.
- La ruta del gasto (exclusiva de Diputados): el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se discute únicamente en esta Cámara, que cuenta hasta el 15 de noviembre para aprobarlo.
- Una vez completado el proceso en el Congreso, el Ejecutivo Federal dispondrá de 20 días naturales para promulgar las leyes dictaminadas, permitiendo su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.
El Paquete Económico presentado por el Ejecutivo refleja una especie de pacto de estabilidad en el corto plazo. Por un lado, frena el descontento de la clase media empresarial al no crear nuevos impuestos. Pero, por el otro, tensa al máximo la capacidad del Estado para financiar derechos sociales a mediano plazo sin una reforma progresiva tanto fiscal en lo general, como tributaria en lo particular.
En lo referente al gasto público, el Paquete está orientado, precisamente, hacia los programas del Bienestar, que ascienden al 2.7% del producto interno bruto. Asimismo, siguen al centro los proyectos de infraestructura, salud y educación. Es decir, la política fiscal busca la estabilidad y responsabilidad con respecto al gasto público, tratando de favorecer indicadores macroeconómicos para la inversión.
Con miras a 2027, el partido en el poder parece hablar a dos audiencias: al electorado general, las llamadas “bases”, pero también a la clase empresarial, los grandes inversionistas, las micro, pequeñas y medianas empresas. A los primeros reafirma no sólo la idea, sino la máxima constitucional, de que los programas sociales están bajo resguardo, el proyecto social se profundiza y es irreversible. A los segundos les dice que sí son un gobierno de izquierda, pero con disciplina macroeconómica y abierto a la inversión privada, pública y mixta.
En cuanto a la estructura presupuestal, el gasto programable se distribuye en tres finalidades: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. Es la radiografía más fiel de las prioridades del proyecto gubernamental. La propuesta presentada no deja lugar a dudas: el desarrollo social se consolida como el eje rector que absorbe el 72.5%, casi tres cuartas partes del gasto programable y con una tendencia creciente del 5.8% en términos reales. La finalidad del gasto en el rubro de desarrollo económico alcanza apenas el 20.4%, donde el principal ajuste ha sido absorbido por el sector de combustibles y energía, que tuvo una variación real a la baja de 18.2% respecto a lo aprobado para 2026.
El gasto público se destinará mayoritariamente hacia los programas sociales, que se consolidan con un monto que asciende a un billón 25 mil 388 millones de pesos, es decir, un crecimiento de 3.87% en valor nominal respecto al presupuesto aprobado para 2026. En términos generales, los programas sociales se ajustaron respecto a la inflación, es decir, no registran un crecimiento expansivo.
La articulación del proyecto redistributivo se consolida a través de cinco pilares emblemáticos del Gobierno: la Pensión para Adultos Mayores, las Becas Benito Juárez, la Pensión Mujeres Bienestar, Sembrando Vida y la Pensión para Personas con Discapacidad. No obstante, el paquete económico no sólo blinda las transferencias directas, también recalibra el peso institucional del Estado en áreas operativas clave. Destaca el fortalecimiento del sector salud con un avance real del 10.9%, impulsado por la consolidación del esquema IMSS-Bienestar, acompañado de incrementos sustanciales en educación (+7.6% real).
El Paquete Económico, en su finalidad Gobierno, expone una transformación en la arquitectura de la seguridad pública. El incremento de esta partida se explica, casi en su totalidad, por el dinamismo de dos rubros. La seguridad nacional crecerá un 16.7% real hasta alcanzar los 166 mil 740 millones de pesos, al tiempo que los asuntos de orden público y seguridad interior muestran un repunte del 17.7% real (75,671.1 millones).
Sin embargo, el origen de este impulso confirma la brecha entre el modelo militarizado y la vía civil. Mientras la Marina (+19.4% real) y la Defensa Nacional (+5.4% real) capitalizan el aumento de recursos, impulsadas también por un alza del 10.2% en los servicios personales del sector, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana queda rezagada con un modesto crecimiento del 3.9% real. En los hechos, el Estado prioriza el robustecimiento de las Fuerzas Armadas como el eje articulador de la seguridad interior.
En suma, la arquitectura presupuestaria revela que el pacto de gobernabilidad del proyecto oficial descansa sobre un modelo de legitimidad. Afianza la lealtad electoral y la cohesión social mediante el blindaje de las transferencias monetarias directas, es decir, los programas sociales. Demuestra que la presencia del Estado en el bienestar social no es una variable, sino el motor de la narrativa política. Sin embargo, el verdadero desafío estará en la eficacia institucional para convertir estos programas en bienes públicos de calidad y en el ejercicio pleno de los derechos.
El Ejecutivo hace una apuesta riesgosa: asume que la estabilidad social alcanzada mediante el gasto directo compensará el estancamiento de la inversión en sectores clave. Ante cualquier desaceleración mayor de los ingresos públicos, esta estructura dejará al Estado con un margen de maniobra fiscal bastante estrecho. Sacrifica el dinamismo económico a largo plazo para mantener blindado el gasto social en el presente.
Como ya lo adelantaba el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal (Movimiento de Regeneración Nacional), el Proyecto contemplaría medidas contra la evasión, que implican ilícitos directos como la elusión fiscal, o bien la facturación falsa o fraude, que se aprovechan de los vacíos legales. Estas estrategias gubernamentales intentan incrementar la recaudación sin el costo político de crear nuevos impuestos, particularmente en un año electoral.
Las modificaciones propuestas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta buscan que las contribuciones empresariales sean más congruentes con su capacidad económica. Están enfocadas en las empresas denominadas “factureras”, o bien empresas que, según datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han declarado con pérdidas hasta por cinco años, acumulando deducciones. La estrategia del combate y fortalecimiento de las medidas contra la evasión fiscal se ha consolidado.
De inicio se podría concluir que el Paquete Económico 2027 permite sostener e incluso incrementar la recaudación; sin embargo, “cazar” la evasión fiscal genera recursos en el corto plazo, puesto que una vez que se regulariza el crecimiento baja el ritmo y no se sostiene en los números iniciales. Pese a que no exista la creación de nuevos impuestos, sí hay un costo político que se traslada hacia las clases medias, pequeñas empresas, profesionistas o personas con actividad empresarial, lo que puede erosionar la base de apoyo en los sectores productivos.
Frente a compromisos sociales crecientes (pensiones, becas, programas universales) y presiones financieras de sectores estratégicos, la eficiencia recaudatoria podría resultar insuficiente para sostener el gasto a largo plazo. Por ahora, el Gobierno no recurre a una reforma fiscal estructural que amplíe la base gravable o revise tasas progresivas. La asignación presupuestal se convierte en moneda de cambio político en la negociación y, en términos fiscales, crea una “bomba de tiempo fiscal” que se irá al segundo tramo del sexenio.
*Soledad Loranca. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cuenta con un diplomado en Planeación y Operación Legislativa por el ITAM. Actualmente forma parte del equipo de Monitoreo Legislativo en Public and Corporate Solutions, donde da seguimiento y evalúa los impactos de la agenda legislativa y regulatoria.
@SolLoranca
