Culiacán, Sin.- Para evadir las restricciones de los tiempos oficiales e iniciar procesos de promoción política antes de los plazos legales, los partidos políticos elaboran listas bajo denominaciones internas ambiguas, como “coordinadores” o “defensores”. En los hechos, son figuras de promoción anticipada.
Morena utiliza términos como “coordinadores de la defensa de la transformación” o “defensores de la soberanía nacional”. En el debate público, a los aspirantes bajo estos esquemas también se les ha denominado coloquialmente “corcholatas”.
PAN y PRI, por su parte, han implementado figuras equivalentes en sus procesos internos, bajo denominaciones como “coordinadores de defensa”, “coordinadores de la patria, la familia y la libertad” o responsables de comités de defensa territorial, con el propósito de posicionar perfiles al margen del calendario electoral.
Son listas que pueden servir para violentar la legislación electoral, quizá absurda y anquilosada, pero finalmente ley. Y cuando la ley se viola, se trastoca el Estado de derecho, uno de los elementos que contribuyen a que sigamos siendo percibidos como una nación subdesarrollada y, en ocasiones, tramposa.
Pero generar listas de medios de comunicación, activistas, periodistas y opositores, acompañadas de sus correos personales o corporativos para exponerlos al escarnio de las hordas en las redes sociales, es otra cosa. Puede no constituir, por sí mismo, una violación a la ley; pero abona directamente a la polarización que ya padece la sociedad mexicana.
No pretendo afirmar que otros regímenes no hayan presionado a medios e informadores para acallar opiniones contrarias. De ahí surgió aquella conocida máxima de López Portillo: “Yo no pago para que me peguen”. Pero una cosa es ejercer presión política y otra muy distinta elaborar listas que, históricamente, han tenido consecuencias funestas.
El macartismo en Estados Unidos es un ejemplo que no deberíamos olvidar.
Las listas negras y la persecución política durante el macartismo provocaron la destrucción de carreras profesionales, violaciones a derechos civiles, censura cultural en Hollywood y un clima generalizado de miedo, delación y paranoia anticomunista durante la Guerra Fría.
Cientos de empleados públicos, profesores universitarios, científicos y obreros sindicalizados fueron despedidos sin pruebas sólidas. Actores y escritores —como los integrantes de los llamados Diez de Hollywood— quedaron vetados de la industria del entretenimiento y, en algunos casos, no pudieron volver a trabajar bajo su propio nombre.
Muchas personas señaladas sufrieron el exilio interno, la bancarrota o se vieron obligadas a trabajar en el anonimato y bajo seudónimos.
Se debilitó la libertad de expresión y de asociación garantizada por la Constitución estadounidense.
Se incentivó la denuncia entre vecinos, amigos y compañeros de trabajo, rompiendo la confianza social y creando una cultura de la delación.
Cualquier crítica al gobierno o propuesta de reforma social de izquierda podía ser etiquetada como traición a la patria.
El arte, la literatura y el cine también pagaron el precio: creadores e intelectuales optaron por evitar temas incómodos para no ser investigados por el Comité de Actividades Antiestadounidenses.
No es exagerado decir que se están cruzando límites. Y “el pueblo sabio” sabe perfectamente calificar aquellas acciones que pueden convertirse en excesos. A las puertas del proceso electoral de 2027, quizá no sea la mejor idea jugar con fuego.
Por otro lado, el energúmeno gobernante del vecino del norte avanza día con día, soterradamente, con Christopher Landau —el “quita visas”— al frente.
Ahora incluso afectando a la familia del expresidente acuartelado en el municipio de Palenque, Chiapas, al retirarle la visa a su hijo.
En Sinaloa se escucha decir: “No pasa nada si les quitan la visa”. Lo dicen porque al gobernador con licencia también se le retiró la visa; lleva 100 días sin regresar y, hasta ahora, ni se le inicia un proceso en México, ni se le extradita, ni vienen por él.
Pero no hay que equivocarnos.
La justicia norteamericana puede ser paciente. Para muestra, un botón: esperó exactamente 40 años para tener tras las rejas, en su territorio, al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
El principio fundamental para conseguir objetivos, alcanzar la justicia y arribar al cambio es avanzar día con día, mediante aproximaciones sucesivas.
Porque las listas pueden ser sólo nombres y las visas sólo un documento. Pero cuando el poder decide utilizarlas como instrumentos de presión, persecución o advertencia, dejan de ser simples papeles: se convierten en señales. Y en política, casi siempre, las señales terminan por convertirse en consecuencias.
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