Los costos de suprimir autonomías. Lo peor (para la titular del Poder Ejecutivo) de haber suprimido en los hechos la autonomía constitucional de los otros dos poderes clásicos de la República: el Legislativo y el Judicial, y la de órganos formalmente autónomos, como la Fiscalía General, más la absorción de las funciones que desempeñaban los organismos autónomos desaparecidos, es que a la presidenta le corresponde cargar directamente con sus arbitrariedades y tropelías.
La esfera pública. Es la concentración arbitraria de los poderes estatales, que ahora va sobre las potestades de la sociedad. Particularmente sobre las funciones de supervisión del poder que desde el siglo XVIII le atribuyó Burke a medios de comunicación independientes, entonces, sólo la prensa libre, a la que bautizó como el cuarto poder. En el siglo XX, la definición por Habermas de la esfera pública como el espacio en que los particulares discuten los asuntos públicos encontró en los medios libres -incluidas más tarde las redes sociodigitales- el vehículo privilegiado para el funcionamiento de ese ámbito de conversación de los particulares y de supervisión de los poderes. Y es ese ámbito de participación de las audiencias de los medios y de su acción en las redes es el que la presidenta se propone restringir ¡para proteger los derechos de las audiencias! Ello, través de una comisión nombrada por ella para sustituir al suprimido Instituto Federal (autónomo) de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Adueñarse. Igual la presidenta no podrá evitar verse -a través de su fiscalía, ‘autónoma’ en el papel- como perpetradora de la prisión arbitraria de Ernesto Ruffo, ni de la impunidad de Rocha Moya y secuaces. Porque cuesta adueñarse de cada uno de los órganos estatales y de las funciones públicas por una persona: evidencia un Estado que dejó ser de derecho para convertirse en una dictadura.
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