En el imaginario social, la infancia está ligada a la inocencia. Sin embargo, la realidad mexicana desmiente esa noción con titulares sobre menores que asesinan, mutilan o violan. Ante la magnitud del acto surge una demanda unánime: castigo severo, penas de adulto para crímenes de adulto. Pero en las fiscalías especializadas la respuesta institucional es otra. Amparado en el artículo 18 constitucional, leyes secundarias y en tratados internacionales, el sistema legal traza una línea infranqueable que prioriza el interés superior de la niñez: limita el internamiento a cinco años para los adolescentes mayores y prohíbe el encierro de los menores de 14.
Comprender esta encrucijada exige desmontar una premisa falsa: que toda la violencia infantil es subproducto del narcotráfico. El reclutamiento forzado por el crimen organizado —que usa a los niños como mano de obra desechable por sus penas reducidas— explica una parte de la crisis, pero no toda. Existe otra vertiente, igual de alarmante y más silenciosa: crímenes gestados en entornos cotidianos, detonados por traumas familiares, abuso físico severo, exclusión escolar extrema y trastornos emocionales sin atención.
Los modelos internacionales ofrecen espejos opuestos. Estados Unidos apuesta por el punitivismo, con mecanismos de transferencia que juzgan a menores en cortes de adultos, incluida la cadena perpetua. En el extremo contrario, los Países Bajos privilegian la salud mental mediante un derecho penal juvenil que antepone el tratamiento psiquiátrico forense y la rehabilitación integral al castigo.
México quedó atrapado en lo peor de ambos mundos: adoptó el ideal garantista europeo en el papel, pero carece de infraestructura clínica para operarlo. Los Centros de Internamiento Especializados para Adolescentes reproducen la misma lógica de castigo y abandono que las cárceles de adultos, en vez del tratamiento que la ley promete.
Ahí radica la verdadera encrucijada: no es solo un problema de diseño legal, sino de qué le exigimos al Estado frente al dolor. Si el fin del derecho es saldar cuentas con el pasado, la sociedad seguirá reclamando mano dura y penas ejemplares. Pero si el fin es evitar la reincidencia, el Estado debe sostener la tutela y la transformación clínica del joven, con el costo político que eso implica. ¿Qué modelo es mejor? El debate sigue pendiente.
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