Durante años la narrativa gubernamental ha repetido ad nauseam que aumentar el salario mínimo ha sido una política sin costos. La historia oficial es conocida: los tecnócratas “insensibles” mantuvieron congelado el salario “intencionalmente”, hasta que llegó el presidente López Obrador, rompió con el dogma y comenzó a incrementarlo muy por encima de la inflación. Años después, señala la narrativa, no hay efectos visibles sobre la economía.
No hay duda de que la recuperación del salario mínimo ha producido beneficios importantes. Ha tenido un efecto de arrastre sobre el resto de los salarios contractuales (los salarios de los afiliados al IMSS han subido 90% desde 2018), permitiendo aumentos salariales que México no veía desde hace décadas. Además, ha contribuido a reducir la pobreza laboral y, junto con otros factores, ha favorecido una disminución de la pobreza en el país en los últimos años.
Pero reconocer esos logros no implica concluir que la política no ha tenido efectos adversos y, más aún, que los incrementos pueden continuar indefinidamente sin consecuencias.
La semana pasada se publicó el OECD Employment Outlook 2026, un reporte que analiza, entre otros indicadores, la relación entre el salario mínimo y el salario medio de cada país. La evidencia internacional es clara: conforme el salario mínimo se acerca al salario promedio, aumentan las distorsiones en el mercado laboral. Empresas con menor capacidad de pago enfrentan mayores dificultades para contratar o retener trabajadores, mientras que la creación de empleo formal pierde dinamismo.
México ya se encuentra ahí. Hoy el salario mínimo representa una de las proporciones más altas respecto al salario medio entre los países de la OCDE, ubicándose en el segundo lugar del organismo (de 38 países miembros). Es una señal que merece atención, no porque el salario mínimo deba dejar de crecer, sino porque los márgenes para seguir elevándolo al mismo ritmo son cada vez más reducidos.
El problema es que el tema se ha convertido en una poderosa herramienta política. Los beneficios son visibles y generan reconocimiento inmediato, mientras que los costos suelen aparecer gradualmente y son más difíciles de identificar. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que buscará aumentar el salario mínimo 12.5% anual hasta 2030.
Sería un error atribuir exclusivamente al salario mínimo problemas como la desaceleración del empleo formal, el agravamiento de la informalidad, los aumentos relevantes del costo laboral unitario, la persistente inflación de los servicios o el nulo crecimiento de la productividad laboral. La causalidad debe demostrarse con rigor. Sin embargo, ignorar que todas estas variables se están deteriorando al mismo tiempo también sería un error. Las señales sugieren que la política de aumentos acelerados ha llegado a un límite.
Inmersos en un bombardeo cotidiano de “aquí no pasa nada”, todo sugiere que los aumentos del salario mínimo continuarán sin mediar las consecuencias negativas sobre la economía (que ya existen). Beneficios políticos de corto plazo, con consecuencias cada vez mayores para la prosperidad de mediano y largo plazo.
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