Desde hace siete años, el discurso oficial ha insistido en que el sistema de Afores es una herencia neoliberal que perjudicó a los trabajadores mexicanos. Se le acusa de generar pensiones insuficientes, de trasladar riesgos a los ahorradores y de haber sustituido un modelo justo por uno orientado al lucro. La coyuntura actual, marcada por las presiones de la CNTE para revertir la reforma de las Afores, ofrece una oportunidad para poner a prueba esa narrativa.
La pregunta es simple: si el gobierno realmente considera que las Afores son un sistema injusto y contrario a los intereses de los trabajadores, ¿por qué no las elimina?
Políticamente cuenta con todas las herramientas para hacerlo: mayorías legislativa, altos niveles de legitimidad electoral y el respaldo suficiente para impulsar cambios constitucionales y legales de gran calado. Bastaría una reforma a la Ley del IMSS y del ISSSTE para revertir el esquema actual y regresar al esquema previo de reparto. Sin embargo, el gobierno ha dicho que, a pesar de su disgusto por el sistema, no planea hacerlo.
¿Por qué? La razón obvia es porque a pesar de la retórica política, el gobierno, implícitamente, reconoce que es inviable fiscalmente volver al sistema anterior. Durante décadas, el viejo sistema otorgó beneficios que no guardaban proporción con las contribuciones realizadas por los trabajadores y terminó financiándose con recursos de todos los contribuyentes. Las pensiones del régimen anterior siguen representando uno de los mayores compromisos financieros del Estado mexicano que hoy limitan el espacio fiscal para invertir en educación, salud, infraestructura y seguridad. Regresar masivamente a ese modelo significaría reactivar una bomba fiscal que las reformas de 1995 y 2007 desactivaron (en parte).
Existe una segunda razón igualmente importante: la confianza. Revertir el sistema de cuentas individuales implicaría expropiar a millones de trabajadores un ahorro que les pertenece. Un movimiento de esa naturaleza enviaría una señal profundamente negativa a los inversionistas y a los ciudadanos sobre la seguridad jurídica en México.
Nada de esto significa que no hay asuntos pendientes en materia de Afores y, sobre todo, en pensiones. México enfrenta retos ingentes en materia de cobertura, densidad de cotización, informalidad laboral y suficiencia de las pensiones futuras. Hay mucho por corregir. Pero una cosa es reconocer sus limitaciones y otra muy distinta afirmar que la solución consiste en regresar a un esquema que demostró ser financieramente insostenible.
Por eso la discusión de fondo sigue pendiente. En lugar de ceder a chantajes de coyuntura, o mantener la propaganda de que todo el pasado estuvo mal, el país necesita una reforma integral que fortalezca el ahorro, amplíe la cobertura y garantice sostenibilidad financiera.
La pregunta final permanece sin respuesta: si el sistema anterior era realmente superior, ¿por qué nadie se atreve a restaurarlo? Quizá porque, más allá del discurso político, existe un reconocimiento implícito de que las reformas pensionarias de 1995 y 2007 salvaron al país de la quiebra.
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