La superioridad militar de Estados Unidos frente a Irán es indiscutible. Washington puede destruir en horas más objetivos de los que Teherán tardaría años en reponer. La última ronda de ataques —140 blancos iraníes en una sola jornada, más de 300 en tres noches— confirma una asimetría abrumadora. Pero el cálculo iraní parte de una premisa distinta: superioridad militar no equivale a capacidad política para sostener una guerra indefinidamente.
Irán no aspira a vencer a Estados Unidos en el campo de batalla. Pretende negarle el dominio militar en un resultado político estable. Su umbral de éxito es más modesto: preservar el régimen, conservar capacidad de represalia, evitar que el estrecho de Ormuz se normalice bajo reglas estadounidenses, y resistir hasta que el costo económico y político fuerce a Washington a sentarse a negociar.
Es la estrategia clásica del contendiente débil: cuando no se puede quebrar la fuerza del adversario, se ataca su voluntad. Teherán usa misiles, drones y el control geográfico de Ormuz para llevar la guerra del terreno militar —donde pierde— hacia los mercados energéticos, las alianzas regionales y la opinión pública estadounidense.
El estrecho es su principal multiplicador de poder. Antes del conflicto transitaba por ahí cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Estados Unidos puede bombardear lanzadores, radares y embarcaciones iraníes, pero garantizar la navegación comercial exige protección constante, primas de seguro razonables y tripulaciones dispuestas a cruzar. Irán ha vuelto impredecible el tránsito por el estrecho; por si fuera poco, este fin de semana anunció que lo cerraba.
También busca convertir a los socios regionales de Washington en correas de transmisión de presión. Los ataques contra instalaciones vinculadas a fuerzas estadounidenses en Kuwait, Baréin, Qatar, Jordania y Omán comunican que alojar la maquinaria militar norteamericana tiene un precio. Esto es una apuesta de doble filo pues puede fracturar a la coalición o cohesionarla. Golpear a los mediadores puede inducir prudencia, pero también puede convencerlos de que necesitan más protección estadounidense, no menos.
El punto más sensible son las bajas norteamericanas. Circulan reportes -aún sin corroborar- de tres soldados muertos y 12 heridos en Kuwait. De confirmarse, no generarían una retirada inmediata sino lo contrario; aparecerían la obligación de represalia, la ampliación de blancos y una ventana de legitimidad para castigar a Teherán. Las bajas erosionan el respaldo a una guerra cuando se acumulan durante meses.
Irán enfrenta una paradoja difícil, pues debe infligir suficiente daño para demostrar que Estados Unidos no puede atacar sin asumir costos, pero no tantos como para unificar la campaña desde Washington. Necesita encarecer la guerra sin cruzar el umbral que convierta la contención en destrucción sistemática.
La vulnerabilidad estadounidense es real. Una encuesta Reuters/Ipsos de junio halló que sólo 24 por ciento de los estadounidenses consideraba que la guerra había valido sus costos, frente a la mitad que opinaba lo contrario. Trump carga además con una variable delicada: energía, gasolina e inflación, a las puertas de elecciones legislativas. Teherán apuesta a que el reloj político corre en Washington más rápido que el reloj militar en Irán.
Pero el cálculo sólo funciona si la negociación llega antes que el agotamiento. Cada ronda estadounidense destruye capacidades que Irán tardará años en reconstruir; cada ataque iraní contra un vecino cierra un canal diplomático y puede reforzar a la coalición adversaria. La estrategia rinde una influencia decreciente a un costo creciente.
Irán no puede ganar esta guerra. Su apuesta es demostrar que tampoco puede perderla en términos que le resulten políticamente útiles a Estados Unidos. La pregunta ya no es quién destruye más, sino quién resiste más tiempo la distancia entre poder militar y resultado político.
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