Culiacán, Sin.- Después del recreo que nos brindó el futbol, la política ha recuperado toda su intensidad y vuelve a ocupar el espacio central del debate público.
La jactancia del FBI al exhibir su participación en la extracción del líder del Cártel de Sinaloa resultó particularmente reveladora. La agencia mostró, en un museo de aeronaves militares, el viejo King Air Beechcraft de 56 años utilizado en la operación, enviando prácticamente un mensaje de desafío: “Sí, fuimos nosotros. ¿Y qué?”.
Esta situación obligó al gobierno de la República a salir de un prolongado letargo político durante el Mundial. Mientras millones de mexicanos se volcaban a apoyar a la selección nacional, el gobierno evidenció una preocupante desconexión con la sociedad. Más allá de los esfuerzos ideológicos por dividir a los ciudadanos, quedó demostrado que el mexicano sigue siendo profundamente orgulloso de su himno, de su bandera y de sus raíces. Resulta lamentable que nuestros gobernantes no sepan interpretar el sentir de sus gobernados.
Pero el tema verdaderamente delicado llegó con el informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En él no solo se señalan empresas e individuos, mexicanos y estadounidenses, por presuntas operaciones relacionadas con evasión fiscal, corrupción y delincuencia organizada. El documento va mucho más allá: sostiene que recursos provenientes de actividades ilícitas financian campañas políticas y a medios de comunicación.
El informe también afirma que aproximadamente una tercera parte del combustible comercializado en México tendría un origen ilícito, negocio que alimenta la corrupción y fortalece financieramente a las organizaciones criminales. Sin embargo, quizá la acusación más preocupante sea la relacionada con el financiamiento de campañas electorales y la compra de influencia en los medios de comunicación.
Según el documento, las ganancias obtenidas de actividades ilegales se utilizan para apoyar económicamente campañas políticas y favorecer a determinados medios de comunicación con el propósito de impulsar a candidatos corruptos hasta el poder.
De confirmarse estas acusaciones, la responsabilidad ya no recaería únicamente en las organizaciones criminales. También alcanzaría a instituciones financieras que lavan recursos, a políticos que aceptan ese dinero y a empresas de comunicación que participan, consciente o inconscientemente, en este esquema.
Porque para que existan corruptos también deben existir corruptores.
Durante los procesos electorales los costos de la propaganda y de la cobertura mediática suelen incrementarse de manera considerable. En algunos casos, no solo se comercializan espacios publicitarios, sino también columnas, encabezados, entrevistas, menciones privilegiadas en radio o reportajes en televisión. Todo termina convirtiéndose en un negocio extraordinariamente rentable.
No es casualidad que más de una vez haya escuchado de periodistas, consultores políticos y propietarios de medios una frase tan reveladora como preocupante: “Tiempo de campaña… tiempo de cosecha”.
Esta realidad no constituye ninguna novedad para quienes han participado en campañas electorales. Tampoco para numerosos periodistas, empresarios de la comunicación o analistas como María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, quienes documentaron este fenómeno en su libro Dinero bajo la mesa, donde analizan el financiamiento y el gasto ilegal en las campañas políticas mexicanas.
No necesitamos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos venga a descubrirnos una realidad que durante años hemos preferido ignorar. Lo que ha faltado es una investigación seria, controles efectivos por parte de las autoridades electorales, mayor responsabilidad de los propietarios de los medios y, sobre todo, voluntad política para romper con un sistema que termina haciendo cómplices a muchos actores de la vida pública.
A escasos 11 meses del inicio del próximo proceso electoral, todos —autoridades, partidos, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos— deberíamos asumir nuestra responsabilidad para impedir que el dinero sucio continúe decidiendo, por debajo de la mesa, el futuro democrático de México.
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