Ordena Sheinbaum transparentar información diplomática sobre Rocha e Inzunza, pero... no toda

En lo que aparentemente representó un giro en la política de transparencia del Gobierno Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hacer públicas las comunicaciones diplomáticas enviadas por Estados Unidos en las que se solicita la detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázarez.

La instrucción presidencial revoca de manera directa el blindaje que el Comité de Transparencia de la propia Cancillería había impuesto apenas 24 horas antes, cuando determinó clasificar dicha información como "reservada" por un periodo de cinco años bajo el argumento de proteger la relación bilateral entre ambas naciones.

Tras el mandato de la titular del Ejecutivo, la SRE liberó fragmentos sustanciales de los expedientes enviados por el Departamento de Justicia de EE. UU. En estos documentos, las autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya, a Inzunza y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses con presuntas actividades de conspiración para el tráfico de drogas y nexos con la facción criminal de "Los Chapitos".

No obstante, la apertura de archivos mantiene ciertas restricciones: las notas diplomáticas que forman parte activa de carpetas de investigación judicial en curso continuarán bajo reserva para no entorpecer los procesos legales.

La documentación hecha pública también revela la postura que el Gobierno de México transmitió formalmente a Washington. En las misivas de respuesta, la Cancillería mexicana enfatizó que el país mantiene su disposición a cooperar en materia de seguridad internacional, pero subrayó que no se tolerará ninguna intromisión en la soberanía nacional.

Asimismo, México advirtió al gobierno estadounidense que el sistema penal mexicano requiere de pruebas para proceder con cualquier orden de captura, dejando en claro que el Estado mexicano no actuará basándose en meras conjeturas o acusaciones por escrito. El caso y los requerimientos del país vecino se encuentran desde hace semanas en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará si existen los elementos jurídicos necesarios para dar curso a las solicitudes de extradición.