Durante ocho años hemos escuchado la misma narrativa: rescatar a Pemex constituye una prioridad estratégica del gobierno. Tanto la administración de López Obrador como la de la presidenta Sheinbaum han sostenido que el modelo energético previo a 2018 fue un error y que era necesario devolver al Estado el papel protagónico en el sector petrolero. Bajo esa premisa, se cancelaron las rondas petroleras, se privilegió la refinación y, en los hechos, se desmanteló buena parte de la reforma energética de 2013.
No entraré aquí a evaluar los resultados de ese cambio de paradigma. Basta concentrarse en un dato para advertir la contradicción en la que ha caído la política energética: la inversión de Pemex.
La reforma de 2013 partía de un diagnóstico sencillo: el Estado mexicano no contaba —ni contaría— con los recursos suficientes para sostener, por sí solo, los enormes niveles de inversión que exige la exploración y producción de hidrocarburos. De ahí la apertura a la inversión privada mediante las rondas petroleras, que lograron atraer a las empresas más importantes de la industria.
Con la llegada de López Obrador, ese esquema se suspendió. Aunque la participación privada nunca desapareció por completo, se inhibió de manera sistemática. El mensaje fue: Pemex puede hacerlo solo.
El informe más reciente de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda revela una realidad distinta: la inversión física de Pemex cayó 46% entre enero y mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior y se ubica 37% por debajo de la registrada en 2018. Resulta paradójico: justo cuando la empresa necesita invertir más para frenar el declive de la producción, invierte mucho menos.
La razón de ello es sencilla: no hay recursos. Los ingresos presupuestarios están estancados, mientras el gasto en pensiones, programas sociales, salud y servicio de la deuda no ceden. Después de la reciente degradación de crediticia de México por parte de Moody's, el gobierno tiene poco margen para ampliar el déficit. La consecuencia inevitable es utilizar la inversión pública y, en particular la del sector energético, como variable de ajuste.
Aquí aparece la contradicción. Por un lado, el gobierno mantiene semicerrado el sector a la inversión privada (los nuevos contratos mixtos distan mucho de ofrecer los incentivos adecuados), pero por el otro, tampoco destina a Pemex los recursos públicos necesarios para desarrollar los yacimientos que urge explotar para evitar un futuro adicional de la producción.
La pregunta es inevitable: ¿cuál es el objetivo final? Si el gobierno no está dispuesto a permitir el despliegue masivo de capital privado -dejando atrás sus atavismos ideológicos-, pero tampoco a invertir lo suficiente para sostener la producción, el futuro de Pemex luce poco prometedor. De seguir en esta ruta, esta historia no acabará bien.
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