Israel Vallarta llegó al set de Ciro Gómez Leyva con la coreografía ya ensayada: el gesto de mártir, la lectura acusatoria, los billetes lanzados sobre la mesa por su esposa como broche teatral. Un falso ejercicio de réplica, con libreto rupestre y vulgar.
La memoria ayuda a leer el episodio. El "voto por voto, casilla por casilla" de 2006, convertido en arenga permanente, enseñó que la presión mediática también se fabrica frente a cámaras. Dos décadas después, la escuela de la transformación repite la fórmula: convertir un plató en trinchera, a un comunicador en blanco y a la audiencia en jurado improvisado.
El caso Vallarta sirvió para ese propósito. Casi 20 años en prisión preventiva, sin sentencia, son una herida al debido proceso; nadie lo discute. Pero el oficialismo convirtió esa herida en resentimiento: golpear a periodistas incómodos como Gómez Leyva y rematar la narrativa contra "el viejo régimen judicial", con el montaje de García Luna como telón de fondo. Vallarta niega pactos con partidos, pero el arropamiento coordinado de voceros e influencers afines al gobierno cuenta una historia distinta a la que él relata. Y de la expansión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, avalada por Morena, los vocingleros oficiales callan como momias.
Sin embargo, reducir el expediente Vallarta al montaje de Las Chinitas es, cuando menos, incompleto. Existían causas penales por secuestro ajenas al caso Cassez, sostenidas por denuncias previas, propiedades vinculadas y señalamientos directos de otras víctimas. La FGR y los abogados de los ofendidos insistieron en que el "efecto corruptor" de un operativo viciado no podía borrar procesos distintos. Las capturas posteriores de hermanos y sobrinos, bajo cargos similares, alimentan la tesis de una estructura familiar delictiva, no sólo de una conspiración institucional.
Ahí está el nudo: violaciones al debido proceso frente a testimonios de sobrevivientes que no desaparecen. Convertir ese dilema en show televisivo solo distrae del expediente que México aún debe resolver con seriedad. Bajo la narrativa de la tortura en Ayotzinapa, el obradorismo liberó a decenas que hoy son líderes criminales en Guerrero. Ciro Gómez Leyva tiene razón: la verdad legal no siempre coincide con la histórica, y esta última trae consecuencias.
Frente a las amenazas, mi solidaridad con Ciro es total.
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