El 16 de octubre de 1985 acudí al Debate sobre el Estado de la Nación, una práctica parlamentaria española inaugurada por Felipe González, entonces presidente del Gobierno. Fue una intensa y elegante sesión de discusión política e intelectual entre todos los artífices de esa transición que fue inspiradora en varios países latinoamericanos.
La sintetizó bien Leopoldo Calvo-Sotelo esa tarde cuando advierte a Felipe: “Recuerde que sobre la mesa de la Moncloa Adolfo Suárez se había encontrado un papel con la historia de 40 años de régimen autoritario y yo mismo una historia de 20 horas de golpe militar; herencia por herencia, la suya fue mucho mejor”. Así se hacía política entonces.
Por ello resulta casi pornográfico ver hoy, décadas después, que dos herederos tardíos de aquellos polvos, Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero, protagonicen una cloaca de corrupción e inmoralidad por la que están siendo imputados -junto con sus ministros, aliados o familiares directos- por la justicia española.
De ambos expedientes, el más indecente y deshonroso hasta ahora es el de Zapatero, no solo mentor del actual presidente -actividad menor asesorar a un zafio-, sino porque tras salir del gobierno se transfiguró en referencia del socialismo español y termina sus días acusado de organización criminal, lavado de dinero, tráfico de influencias, delito fiscal y contrabando de joyas. Nada más.
El triunfo electoral de Zapatero en 2004 fue la inesperada consecuencia de la matanza en la principal estación ferroviaria de Madrid y del accidentado manejo de esa crisis del gobierno Aznar. Y como en política basta cometer el primer error porque los demás son consecuencia, Zapatero dilapidó la herencia recibida, legó una crisis económica, confinó a España al vagón de cola europeo y casi destruyó el complicado andamiaje de la estructura territorial del Estado español.
Más tarde, el PSOE se hundió, ganó el Partido Popular, apareció un movimiento pintoresco como Podemos -y luego otro: Sumar- que parecía sacudir la escena política con su máscara de redentores impolutos, pero pronto desapareció del mapa (de 42 diputados que tuvieron cayeron a 4) y no alcanzó a tener influencia ni impacto político, mediático o intelectual alguno. Cual ganapanes, sus creadores acabaron medrando de algunos gobiernos latinoamericanos, como México y Venezuela.
La transición, no obstante, forma parte del paisaje histórico y político, aunque ya nadie se acuerde de ella. Con todo y extorsiones independentistas de catalanes y vascos, la Constitución y el régimen del 78 siguen vivos. El matonismo etarra desapareció, pero ocasionalmente reflotan sus impulsos vocales para ver si lucran con los rescoldos. Y aún si Sánchez, Zapatero o su séquito político y familiar -que han perdido toda respetabilidad de por vida- terminan o no tras las rejas, empezará una nueva página en la política española.
Ahora ¿qué sigue? ¿O se trata de una profunda confusión en la conversación pública, un ajuste psicológico de esos que surgen periódicamente en los países? Difícil saberlo, pero, aun en un contexto tan complejo, la España pública funciona porque sus instituciones funcionan: la monarquía, el orden normativo, la separación de poderes, la independencia judicial, el servicio civil, los medios (incluidas filias y fobias) o la vida cultural, entre otras cosas.
Esta es la lección importante para otros países cuya transición no ha concluido o, tal vez, ni siquiera empezó.
Hay, por supuesto, una agenda pendiente: envejecimiento, complejidad económica, excesos inmobiliarios, presiones migratorias y la urgente recuperación de cierta ética pública, elementos indispensables para navegar por un mundo incierto. Pero España es y seguirá siendo un gran país, robusto, vivo y vibrante, y fuente de cultura y civilización.
Y eso, por fortuna, trasciende a sus políticos.
Recomendar Nota
