La reciente coreografía de la CNTE -enésima desde que en 1979 hicieron paros totales de 30 días y ocho manifestaciones nacionales y plantones con 60 mil participantes en cada uno- se vio exitosamente coronada con el pago de 800 millones de pesos y la entrega de miles de plazas así como por la explosión mediática de analistas, comentaristas y redentores educativos para condenar, con justificada razón, a dicha mafia y colgarle a Morena, también con razón, la paternidad del desorden actual. Google registra en estos días 3 millones 820 mil notas, artículos y columnas al respecto.
Pero lo que graciosamente se olvida es que el principal causante del desastre educativo no fue solo la CNTE -activa sobre todo en cuatro estados- sino la devolución de privilegios y cotos de poder al SNTE. La conclusión de esa impericia (¿o hipocresía?) analítica es que resulta que ahora la agresiva CNTE es la mala y el dócil SNTE, el bueno.
Bajo ese arreglo y con la complicidad de López Obrador y su primer secretario de Educación, Moctezuma, que alegremente prometió al sindicato que no “volverían a sufrir abusos en la obtención de plazas”, regresó por sus fueros el control sindical sobre diversos procesos educativos.
Lo resumió de manera impúdica y descarada el líder nacional del SNTE: “Esperamos un trato de privilegio para los trabajadores de la educación porque nos lo merecemos”. Y para que no “sufran el abuso” mejor les regalamos plazas: entre 2019 y 2026 fueron “basificadas” -eufemismo usado para otorgarlas por dedazo- 1 millón 250 mil personas que dicen ser trabajadores docentes, entre otras ganancias. La consecuencia natural es que se sienten muy empoderados y, al igual que la CNTE, quieren más.
Como informó La Aurora, el 18 de junio se produjo otro asalto. Un grupo de diputados de Aguascalientes reformó, bajo exigencia de la sección local del SNTE, el Código Penal estatal para dar “protección integral al personal docente directivo y administrativo frente a denuncias infundadas, asedio y amenazas”, eventualmente presentadas por alumnos, padres de familia o tutores, los cuales ahora deberán callar, so pena de que les sean impuestos de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 200 días de multa.
Ese personal docente tendrá ahora licencia para ejercer violencia física, verbal o psicológica contra alumnos, encubrir abusos sexuales, intimidar al estudiante, condicionar calificaciones y obligar a alumnos a pagar cuotas indebidas a cambio de trato justo, todo esto según prácticas que, años atrás, identificó el INEGI.
Al introducir como delitos las “amenazas” proferidas por estudiantes, padres o tutores en contra del personal escolar, el extraño “linchamiento mediático” o una llamada “falsedad” en declaraciones ministeriales con el fin -dicen- de fabricar un delito a un maestro, entre otras cosas, lo que los legisladores de Aguascalientes De León, Mirna y Alma Medina, Gallegos -exlíder del SNTE local-, Ponce, Gutiérrez, Muñoz, Montoya y algunos más hicieron es blindar a eventuales delincuentes; coartar la libertad de estudiantes, padres o tutores para denunciar ante autoridad competente y apropiada, y neutralizar este derecho al ejercerlo “dentro de los canales institucionales”, es decir, los que están bajo control sindical y las autoridades educativas cómplices.
Se trata, pues, de una patente de corso para la impunidad.
Como lo señalan el artículo 4º constitucional y las convenciones internacionales, el bien superior es la plena integridad física, psicológica, verbal y sexual de los alumnos que están bajo el cuidado docente. Los diputados de Aguascalientes prefirieron, en cambio, el contubernio sindical y no la protección de los niños.
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