El nuevo régimen populista autoritario, autoría de la 4T, está plagado de contradicciones insalvables. En primer lugar, concentrar el poder en la Presidencia, eliminando la división de poderes y despareciendo los órganos autónomos; disponer de la procuración e impartición de justicia para atemorizar críticos y empresarios; convertir dogmas en políticas públicas, y dilapidar las finanzas públicas para satisfacer megalomanías, se contrapone abiertamente con la necesidad de una economía sólida y con tasas de crecimiento elevadas.
Al eliminar el Estado de derecho, la desconfianza en el gobierno se dispara y la inversión privada se desploma. La confianza empresarial se encuentra es sus perores niveles desde hace nueve años, con excepción del año de la pandemia, y la inversión privada ha caído consecutivamente durante los últimos 17 meses, justo cuando Morena se agandalló la mayoría calificada y se aprobó la reforma del Poder Judicial. Crecimiento de 0.8% en 2025 y de -0.3 en el primer trimestre de este año.
En segundo lugar, utilizar las finanzas públicas para construir clientelas electorales mediante transferencias monetarias crecientes; financiar obras públicas improductivas que requerirán subsidios permanentes; mantener el dogma nacionalista de Pemex, que lo ha convertido en un pozo sin fondo, y permitir una corrupción generalizada para enriquecer a funcionarios, amigos y parientes ávidos de presumir su riqueza repentina, tarde o temprano se vuelve una carga para la hacienda pública insostenible, una vez que se contrató deuda pública al máximo, que ya ronda el 60% del PIB. El déficit fiscal llegó a 6% y no lo redujeron a la mitad como lo prometieron. Ya le rebajaron la calificación a la deuda y muy probablemente le quitarán el grado de inversión al país el próximo año.
En tercer lugar, construir un partido que compra votos y gana elecciones por todos los medios ilegales posibles: uso de recursos públicos, dinero de los contratistas amigos de Andy y, las cerezas del pastel: una corporación criminal (huachicol fiscal) y pactos abiertos con los cárteles del narcotráfico descubren la abundancia y las delicias del dinero sucio a cambio de convertirse en apéndice del crimen organizado. Todo ello aderezado con un pacto de impunidad instrumentado por AMLO y continuado por Claudia Sheinbaum.
No importa que ello signifique entregar a los ciudadanos a la violencia e inseguridad ilimitadas de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del mundo, ni que destruya la tan proclamada superioridad moral de la 4T (“nosotros no somos iguales” pues “no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo”) y pulverice su legitimidad, además de exponer al país a las represalias de Estados Unidos por negarse a romper la capa protectora de Morena ante la solicitud de extraditar a Rocha Moya y sus secuaces. Vienen más listas de narcopolíticos y quién sabe qué otros castigos al país y a los mexicanos, pero lo primero es mantener la impunidad de su partido, pues temen perder elecciones sin el dinero sucio y la operación de los cárteles.
La encuesta de Lorena Becerra para Latinus da cuenta de que la debacle, producto de las contradicciones, ya comenzó: popularidad de Sheinbaum con un viraje negativo de 45 puntos; la opinión positiva de Morena, viraje negativo de 36 puntos y pérdida de 14 puntos porcentuales de intención de voto; 63% de los ciudadanos afirma que Morena sí ha recibido dinero del narcotráfico, Aún así, comparado con el cinismo con que roban, mienten, se asocian con los criminales y perjudican a pueblo que dicen defender y representar, me parece muy barato el costo que han pagado. Aún les da para ganar en 2027, gracias a la casi inexistente oposición.
Como no tienen el mínimo interés en desbaratar las contradicciones, los problemas económicos, sociales y políticos y con EU se agravarán y su crisis crecerá. Lo grave es que se llevarán al país entre las patas. En 2030 la historia sí puede ser diferente.
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