La colisión parece inevitable: el sistema de justicia en contra de la familia López Obrador. Me refiero al sistema de justicia norteamericano porque el nuestro, el mexicano, fue modificado con una reforma judicial para hacer imposible un juicio adverso contra el ex presidente y sus allegados.
López Obrador y su familia gozan del privilegio de la absoluta impunidad debido al blindaje institucional morenista que los protege y garantiza la imposibilidad de consecuencias legales. Un sistema que tolera excepciones a la ley deja de ser un Estado de derecho y se convierte en un Estado de excepción en el que “todos somos iguales pero algunos son más iguales que otros”.
En México no importan las evidencias ni los abundantes audios incriminantes que demuestran la corrupción de los hijos de López Obrador. El huachicol fiscal ha sido relacionado por la propia FGR con asesinatos de marinos; el Tren Interoceánico terminó en un descarrilamiento que dejó 14 muertos y 98 heridos. En México la fiscalía es autónoma siempre y cuando no se toque ni con el pétalo de una acusación el milagroso enriquecimiento súbito de la familia del ex presidente.
Agencias del gobierno de Estados Unidos investigan a Andrés Manuel López Beltrán por delincuencia organizada y huachicol fiscal, de acuerdo a The New York Times. Otra línea de investigación, según las informaciones que han trascendido, lo vincula al dinero del Cartel de Sinaloa destinado a las campañas presidenciales de su padre. Si esas indagatorias desembocaran en una acusación formal se podría solicitar su extradición, pero el gobierno de Morena mostraría entonces una renuencia a entregarlo mucho mayor a la que ha presentado con Rocha Moya.
Mientras tanto, pasan los meses y Andy se va aproximando a su elección como diputado y con ella a la impunidad procesal que le brindará el fuero legislativo. Su reputación quedaría manchada, cosa que no les importa. López Obrador pudo dormir tranquilo a pesar de la horrible muerte por quemaduras de 137 personas en Tlahuelilpan a consecuencia de la explosión resultante del cierre de ductos que ordenó para, qué ironía, combatir el huachicol por el que ahora investigan a su hijo.
La justicia mexicana, que consiente privilegios, ha dejado de cumplir su función esencial: hacer que la ley sea igual para todos. Tendrá que venir de otros lados, de los tribunales norteamericanos quizás o de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el gobierno mexicano que encabezó López Obrador y que recientemente han documentado investigadores de la Universidad de Berkeley.
Es ilusorio pensar que en México se les hará justicia a las madres buscadoras. No existen condiciones para que en México se investigue y castigue la colusión de la clase política con el narcotráfico. El Poder Judicial lo representa el presidente de la Suprema Corte, que fue empleado de López Obrador. Y la ministra plagiaria Yasmín Esquivel. Y la ministra Estela Ríos, que aparece en videos ovacionando al ex presidente. Una corte sin autonomía, mal preparada y facciosa. Una Corte que, esta semana, falló en contra de anular en Chihuahua candidaturas ligadas al narcotráfico. La justicia, es triste admitirlo, tendrá que llegar de fuera.
Fruto de su “retiro”, López Obrador ha publicado Grandeza y Pueblo, libros del todo inútiles si no son acompañados por uno llamado Mi culpa, que cerraría la trilogía y en el que expondría sus errores, la corrupción que floreció a su costa, sus vínculos con el narco, la inutilidad de sus elefantes blancos y su pretendido maximato. Tal vez en la larga estancia que le espera en Nueva York podrá finalmente escribirlo.
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