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Trasladan a Santiago Peña a prisión militar en Paraguay

El cambio ocurrió tras denuncias por presuntos privilegios, entre ellos la instalación de un gimnasio equipado para uso exclusivo de Peña

Crédito: @SantiPenap

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado este lunes a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, por orden de un juez penal de garantías, quien dispuso su cambio de centro de reclusión mientras enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades relacionadas con el colapso del banco digital Ueno.

La decisión se produjo después de que surgieran denuncias sobre presuntos privilegios que Peña habría recibido en el Regimiento Escolta Presidencial, donde permanecía detenido desde el pasado 6 de noviembre. Entre los beneficios señalados estaba la instalación de un gimnasio con equipo nuevo para su uso dentro de las instalaciones militares.

El magistrado Osmar Legal ordenó que las autoridades de Viñas Cué implementen las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física del exmandatario, así como mantenerlo aislado de otros implicados en la misma investigación.

Peña enfrenta acusaciones por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, derivadas de la investigación sobre el colapso de Ueno Bank. La Fiscalía sostiene que, durante su gestión, habría utilizado su posición para favorecer a la institución financiera mediante decisiones que permitieron mantener recursos públicos depositados en el banco, pese a sus vínculos económicos con la entidad.

La intervención de Ueno Bank, el pasado 3 de noviembre, provocó una crisis financiera que afectó a millones de clientes, quienes tuvieron dificultades para acceder a sus cuentas y ahorros. El escándalo también derivó en la destitución de Peña por parte del Senado paraguayo y en la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia.

El exmandatario ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que los problemas de la institución bancaria corresponden al ámbito regulatorio. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los funcionarios y particulares involucrados.

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