La presidenta Claudia Sheinbaum enfocó sus baterías contra del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Lo acusó de mentir, porque dijo que ninguna agencia de aquel país había participado en la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada.
Pero nada comentó sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, entonces a cargo de Audomaro Martínez, personaje muy cercano a López Obrador, que fue incapaz de detectar el ingreso, presencia y despegue de una aeronave en el espacio aéreo mexicano.
Todo indica que las revelaciones de Salazar en su libro “Las Fronteras: Mi Lucha por un EU Incluyente” provocaron molestia (¿o nerviosismo?) en Palacio Nacional y en Palenque.
Sobre todo, por aquello de que López Obrador estaba “profundamente preocupado y agobiado” por lo que Zambada pudiera confesar tras su captura en 2024.
Atacar a Salazar es pegarle al blanco fácil, porque en Palacio saben que no se mandaba solo.
Exigir sin limpiar la casa
Ahora que la presidenta pidió a la FGR una investigación para determinar si el FBI violó la Constitución y acuerdos internacionales, podría también solicitarle que aceleren las que tienen que ver con Rubén Rocha Moya y su vínculo con el Cártel de Sinaloa.
Parece que el gobierno no entiende que mientras no actúe con reciprocidad, la información y cooperación con Estados Unidos no fluirá como quisiera.
El silencio sobre la solicitud de entregar a Rocha es el mejor argumento de Washington para justificar una actuación unilateral, como la del FBI, antes de compartir inteligencia.
Se quedaron sin segundo tirador
Un Tribunal Colegiado ordenó liberar a Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien estaba sujeto a proceso acusado de ser “el segundo tirador” en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994.
La PGR no pudo acreditar una asociación directa del exagente del CISEN con Mario Aburto, quien cumple condena por el homicidio, y, además, cualquier acción legal prescribió desde 2025.
Durante el periodo de Alejandro Gertz se profundizó la indagatoria, pero el objetivo, aunque parezca inverosímil, era tratar de acusar a Genaro García Luna, que en ese entonces era subdirector del Centro de Inteligencia, de ayudar en la liberación de su compañero en Tijuana.
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