Carestía y desconsuelo. La tormenta inflacionaria mundial llega a los consumidores mexicanos de tortillas, tomates, medicamentos y gasolinas (aun subsidiadas). Y el régimen no ofrece más consuelo que el de sus anuncios de acuerdos de buena voluntad con productores y comerciantes. También reconforta con repartos de culpas y estigmatizaciones entre quienes –obligados (o no) por la presión de sus propios costos- rebasan las promesas de los anuncios oficiales.
Carestía y Constitución. El detalle está en que los gobiernos en los Estados democráticos de derecho actúan en estricto cumplimiento de facultades expresas consignadas en la ley. Y la hacen cumplir y castigan a quienes la violan. Y por más que repasé el artículo 89 de la Constitución -que establece las facultades y obligaciones del ejecutivo- no encontré alguna frase que lo faculte o lo obligue a colgar mantas en las gasolineras que cobran más que las demás por sus productos, llamando a los consumidores a boicotear ese establecimiento. Y es el caso que, en las constituciones democrático-liberales, -como fue y todavía es en alguna parte la nuestra- la autoridad sólo puede hacer aquello para lo que está facultada, a diferencia del particular que puede hacer todo lo que no está prohibido.
Señalamientos estigmatizantes. Aparte del tema constitucional y de los efectos inmediatos del boicot, el problema de los señalamientos estigmatizantes desde el poder es que pueden provocar reacciones de mayor agresividad. Ya se trate de señalamientos contra gremios, establecimientos o domicilios particulares, o contra etnias, como las marcas en las casas de los judíos en épocas oscuras de la humanidad. Sobre todo, en el frágil equilibrio de los ánimos sociales y la crispación fabricada por el régimen con su narrativa de polarización. De las mantas en las gasolineras que rebasan los precios ‘acordados’ podrían seguir los cristales rotos y… así sucesivamente.
Recomendar Nota
