Durante años, la conversación sobre responsabilidad social empresarial se concentró en temas ambientales, laborales, de gobernanza y desarrollo comunitario. Sin embargo, la realidad que vive México obliga hoy a ampliar esa visión e incorporar una dimensión que ya no puede ignorarse: la seguridad.
No puede hablarse de desarrollo sostenible en un entorno donde miles de empresas operan bajo amenazas, miedo e incertidumbre.
La extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico, la inversión y la permanencia de miles de negocios en México, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el motor productivo y generador de empleo del país.
Las cifras reflejan la gravedad del problema. Tan solo entre enero y marzo de 2026 se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en México, el segundo nivel más alto de los últimos 11 años. En promedio, más de 32 personas fueron víctimas diariamente durante el primer trimestre del año.
Pero detrás de las cifras oficiales existe una realidad todavía más grave: 97% de las extorsiones no se denuncia o no deriva en carpetas de investigación, lo que convierte a este delito en el de mayor cifra oculta del país. El miedo, la desconfianza institucional y la impunidad continúan alimentando el silencio.
Además, el deterioro de la seguridad ya no es un fenómeno aislado. El reciente Índice de Extorsión de Coparmex reveló que 14 estados de la República superan el promedio nacional de incidencia, mientras entidades como Morelos, Tabasco y Zacatecas registran los niveles más altos.
Detrás de cada estadística hay empresas que frenan inversiones, negocios familiares que operan bajo amenazas y emprendedores que enfrentan costos imposibles de absorber. Para muchas mipymes, la extorsión no solo representa pérdidas económicas; significa el riesgo permanente de desaparecer.
Por ello, hablar de responsabilidad social empresarial también implica defender condiciones mínimas de legalidad, certeza y seguridad.
Ninguna estrategia de sostenibilidad puede consolidarse en entornos marcados por el miedo. La seguridad no es únicamente una función del Estado, es una condición indispensable para el bienestar social, el crecimiento económico y la construcción de comunidades resilientes.
Desde Coparmex hemos sido claros: la seguridad debe dejar de ser un obstáculo para el desarrollo y convertirse en una garantía para quienes generan empleo y apuestan todos los días por México.
Por ello, acompañaremos y vigilaremos la implementación de la nueva Ley General contra la Extorsión, entendiendo que el verdadero reto no radica solamente en aprobar leyes, sino en garantizar su aplicación efectiva en todo el país.
Entre las acciones impulsadas por Coparmex destacan la homologación de legislaciones estatales con la nueva ley general, la creación de unidades especializadas en extorsión en las fiscalías locales, la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios, el fortalecimiento de mecanismos de atención y protección a víctimas, así como esquemas de respaldo y acompañamiento para empresas afectadas.
La responsabilidad social empresarial también implica asumir un papel activo en la defensa del Estado de derecho, la promoción de la legalidad y la construcción de entornos donde las empresas puedan crecer sin amenazas. Porque proteger a quienes generan empleo también significa proteger el desarrollo del país.
México enfrenta un desafío que ya no puede minimizarse: la extorsión deteriora la confianza, frena inversiones y amenaza la permanencia de miles de empresas, especialmente de las mipymes.
Combatir este delito exige más que discursos, requiere instituciones sólidas, coordinación efectiva y una estrategia nacional que coloque la seguridad como una prioridad para el desarrollo sostenible.
Porque sin seguridad, no hay inversión. Sin confianza, no hay crecimiento. Y sin Estado de derecho, no puede haber desarrollo sostenible.
#OpinionCoparmex
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