El factor fundamental para el funcionamiento exitoso del crimen organizado es la captura del organismo que debe combatirlo: el Estado.
El narco ha diversificado sus actividades y ya no es suficiente la colaboración de una parte de la policía y de los jueces. Ahora requieren controlar territorios y regular el comportamiento de la población.
La gobernanza criminal implica que los ciudadanos reconozcan que los jefes mafiosos son la máxima autoridad, que deben aceptar sus dictados que imponen comportamientos tanto en su vida cotidiana como en su relación con otras personas.
Los horarios de vida, las actividades permitidas (por ejemplo: las marcas que pueden vender), las prácticas obligatorias (por ejemplo: los productos que deben vender), el pago de contribuciones (por ejemplo: la extorsión o el cobro del servicio de electricidad), el silencio y la prohibición a relacionarse con ciertas personas y ciertas comunidades y, sobre todo, la cancelación a organizarse en forma independiente para lo que sea (hasta la organización de algunas fiestas religiosas en algunas localidades cuentan con el apoyo invasor de los jefes).
La gobernanza criminal controla el acceso al poder político, asume directamente varias funciones (las que implican oportunidades de corrupción) y regula el comportamiento de los funcionarios.
Mientras exista algún grado de gobernanza criminal, los intereses de la ciudadanía no serán prioritarios, sobre de ellos están los de la delincuencia.
El crimen organizado no es una anomalía personal, es un complejo sistema de macrocriminalidad. No se elimina ni se debilita sustituyendo personas sino con políticas públicas integrales.
Lo que pone barreras al avance de la gobernanza criminal son la fortaleza de las instituciones de seguridad pública y la existencia de sólidos contrapesos de vigilancia, evaluación, crítica, denuncia, control y obstrucción.
Vale mencionar la obviedad: el crimen organizado aumenta su control mientras las policías locales cuenten con menos elementos, cooptados, sin aprobar controles de confianza, peor pagados, mal capacitados, mal equipados; las fiscalías no tengan los recursos materiales y humanos suficientes; los jueces dependan en su nombramiento de grupos políticos o delincuenciales; las cárceles estén gobernadas por la mafia y no existan programas eficaces de prevención social de reclutamiento de los jóvenes en situación vulnerable.
Del mismo modo, la gobernanza criminal se fortalece en cuanto las contralorías no auditan, las áreas de transparencia y acceso a la información no son autónomas y son sustituidas por subordinados de los funcionarios; los expertos no tienen espacios para evaluar y exponer sus conclusiones; la oposición partidaria no critica ni obstruye; los medios de comunicación no denuncian ni critican y la sociedad civil no tiene la densidad organizativa suficiente para exigir sistemáticamente.
Los comportamientos delictivos no se derivan de la genética de los miembros del crimen organizado sino de los efectos de un sistema que premia esas acciones.
No son fallas de las abuelitas para corregir a sus nietos, es la distorsión que provocan las sociedades donde la riqueza es fruto de actividades ilegales, donde el crimen paga y lo hace mejor que todos, donde no hay castigo ni reprensión al que comete un delito. La impunidad crea un sistema de valores dominante. La falta de la vigencia del Estado de derecho moldea un ciudadano sin cultura de la legalidad.
Sheinbaum y Harfuch no han desmontado una sola pieza de esa gobernanza criminal en Sinaloa. Ni en el nivel más bajo alguien ha sido castigado.
Padecemos un Estado capturado.
No hay magia, se trata de fortalecer las instituciones de seguridad pública y justicia y los contrapesos.
Podrían empezar aceptando la asistencia técnica de la ONU y extraditando a Rocha.
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