Culiacán, Sin.- El sistema político tiene las puertas abiertas al narco.
El crimen organizado tiene un peso importante en la competencia por el poder porque su control territorial implica dinero y dominio sobre el comportamiento de las personas.
Las sucesivas reformas electorales de la transición democrática solo lograron acotar las manipulaciones del electorado que provenían del gobierno y de los partidos.
El crimen organizado es un actor impune también en lo electoral. Puede hacer campaña todo el tiempo sin límites de recursos ni de métodos, lo que incluye la violencia.
Un actor así es determinante de los procesos electorales.
La democracia se desfonda porque el elector no es libre, porque en el territorio está sujeto a coerción.
Ya en el poder, la gobernanza criminal se dedica a dos propósitos: uno, debilitar y capturar más las instituciones de seguridad pública y justicia para expandir los mercados ilegales y, dos, extraer recursos del erario público.
No hay contrapesos institucionales ni jurídicos que limiten el proceso de sometimiento y disminución de capacidades de las policías, fiscalías y sistemas penitenciarios. Basta ganar las gubernaturas y presidencias municipales para hacer uso de las mayorías en el Congreso y el cabildo para, por ejemplo, asignar presupuestos raquíticos a esas dependencias.
La evaluación y supervisión del desempeño de las instituciones de seguridad y justicia es un proceso de autocalificación que permite que queden impunes casos como el de la fiscalía de Sinaloa que pretendió engañar a la opinión pública con un montaje para explicar falsamente un homicidio.
Las capacidades del gobierno para combatir al crimen organizado son destruidas sin ningún límite.
La reconstrucción de la libertad electoral ciudadana y de las capacidades de las instituciones de seguridad pública son piezas fundamentales para sustituir la actual gobernanza criminal por una democracia liberal.
La tarea inmediata es fortalecer los contrapesos de la sociedad civil y la oposición partidaria no cooptada que critican, investigan, denuncian y obstruyen las prácticas del crimen organizado en el sistema político.
La tarea de fondo, con base en la experiencia internacional, es la construcción de un andamiaje institucional que impida el acceso del crimen organizado al poder y las prácticas de la gobernanza criminal.
Ha sido posible, sobre todo, mediante contrapesos externos y límites legales permanentemente supervisados.
¿Qué fuerzas políticas y sociales tienen incentivos para cerrar las puertas del sistema político al crimen organizado?
Las tarea es construir un nuevo arreglo político.
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