La presencia de arsenales, narcolaboratorios, campos minados y artefactos explosivos improvisados en el territorio no es sólo un desafío táctico: es un reto jurídico y probatorio que obliga a conciliar dos obligaciones igualmente inaplazables del Estado: neutralizar el peligro para la vida y preservar la evidencia que permita atribuir responsabilidades en un proceso penal. En teoría, el andamiaje normativo mexicano ofrece principios y reglas que deberían garantizar esa convergencia. En la práctica, la ausencia de un protocolo nacional único y vinculante que norme la concurrencia operativa entre fiscalías y fuerzas especializadas —incluida la Sedena— deja un vacío que se traduce en pérdidas de pruebas, nulidades procesales y, en última instancia, impunidad.
Desde la perspectiva constitucional y procesal, la conducción de la investigación penal corresponde al Ministerio Público: el artículo 21 de la Constitución establece su función como titular de la acción penal y garante de la investigación. El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) consagra obligaciones concretas respecto de la cadena de custodia, el aseguramiento y la conservación de indicios (arts. relativos a diligencias periciales y custodia de evidencia). Por su parte, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) regula el control administrativo de armas y explosivos, fijando límites y procedimientos para su manejo. Este marco normativo, sin embargo, no se ha concretado en un instrumento operativo homogéneo que regule, de manera obligatoria y uniforme, los pasos a seguir cuando la mitigación del riesgo exige la intervención de fuerzas con competencia técnica para neutralizar artefactos o asegurar arsenales.
Esa carencia normativa tiene consecuencias prácticas claras. En escenarios de emergencia es común que el primer respondiente —policía municipal o estatal— limite su actuación al control del perímetro y a la alerta de instancias especializadas. Pero la debilidad surge cuando la autoridad que neutraliza el peligro procede sin la presencia inmediata del Ministerio Público o de peritos forenses: la destrucción controlada de un artefacto explosivo, la remoción de municiones o la descontaminación de un laboratorio químico pueden borrar trazas esenciales (residuos químicos, residuos de disparo, huellas, huellas genéticas, números de serie) cuyo análisis permite ligar el material a personas, rutas de tráfico o técnicas de manufactura. Si la mitigación no va acompañada de un registro previo y exhaustivo, la evidencia que llegue al laboratorio pierde contexto y valor jurídico.
Otra falla recurrente es la fragmentación institucional. En ausencia de un protocolo nacional homologado, la coordinación se materializa mediante convenios locales, protocolos internos o acuerdos ad hoc que varían entre estados y dependencias. Esa heterogeneidad genera inconsistencias: solicitudes de apoyo que no quedan debidamente registradas, entregas de indicios sin acta ni testigos, bitácoras físicas que se extravían y la falta de formatos estandarizados para el embalaje y sellado de evidencia. En consecuencia, la cadena de custodia queda vulnerable a impugnaciones, y las diligencias, por más técnicas que fueran, pierden eficacia en sede judicial.
Los distintos tipos de hallazgo exigen respuestas diferenciadas, pero todas comparten requisitos probatorios básicos. En arsenales o depósitos de municiones, la prioridad es contener el acceso y documentar cada elemento in situ: georreferenciación, fotografía y video de la disposición original, inventario detallado y embalaje con códigos únicos y sellos inviolables. En narcolaboratorios, la fragilidad de ciertos compuestos impone protocolos de muestreo y conservación que preserven la estabilidad analítica; la falta de equipo de protección y de procedimientos de descontaminación pone en riesgo la salud del personal y la integridad de las muestras. En el caso de IED y minas activas, la intervención técnica para neutralizar el artefacto debe planearse de modo que, cuando sea viable, deje restos aprovechables para análisis balísticos, químicos o de trazas. En todo caso, la documentación audiovisual antes, durante y después de la intervención es una salvaguarda mínima indispensable.
La seguridad no puede convertirse en excusa procesal para la eliminación de indicios. Por ello, cualquier actuación de neutralización debería ir acompañada de actas conjuntas —firmadas por el mando interviniente y por el Ministerio Público— que detallen la secuencia operativa, las decisiones tomadas y los objetos destruidos o preservados. Esos documentos, acompañados de registros audiovisuales con timestamp y georreferenciación, ofrecen el contexto necesario para que los laboratorios forenses y los tribunales evalúen la cadena de custodia y la validez probatoria.
La solución exige tres ejes articulados. Primero, la adopción de un protocolo nacional mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establezca obligaciones y secuencias operativas básicas: presencia del Ministerio Público desde el registro inicial siempre que las condiciones de seguridad lo permitan; formatos estandarizados para actas, inventarios y embalajes; requisitos para la documentación audiovisual y criterios mínimos de preservación de indicios según el tipo de hallazgo. Segundo, convenios operativos obligatorios entre fiscalías y fuerzas especializadas que delimiten roles, plazos, puntos de contacto y mecanismos de entrega y recepción de evidencia, con sanciones administrativas por incumplimiento. Tercero, la creación de sistemas interoperables de bitácoras electrónicas y repositorios seguros para evidencias digitales, que garanticen trazabilidad, reduzcan errores humanos y faciliten auditorías posteriores.
A estas medidas técnicas debe añadirse una política de capacitación permanente y ejercicios conjuntos entre autoridades: policía ministerial, peritos químicos y balísticos, unidades de desactivación y mandos militares. Simulacros y protocolos compartidos permiten estandarizar prácticas, reducir tiempos de coordinación y evitar improvisaciones que terminan por sacrificar prueba o vida. Asimismo, la intervención de peritos independientes y la posibilidad de peritajes externos en casos de alto impacto fortalecen la legitimidad de las actuaciones y la confianza pública.
Finalmente, la transparencia y la supervisión externa deben ser parte del diseño: informes técnicos con reservas por seguridad, revisiones por órganos de control y canales para denuncias sobre irregularidades en la cadena de custodia. Sin estas garantías, la mejor operación técnica puede quedar incompleta desde el punto de vista de la justicia.
En suma, neutralizar un riesgo y preservar la prueba no son objetivos contrapuestos sino complementarios. El desafío es institucional: transformar la diversidad de prácticas y competencias en un marco operativo que obligue a documentar, custodiar y respetar la evidencia sin poner en riesgo vidas. Hasta que ese marco exista y se aplique de forma homogénea, cada intervención exitosa en términos de seguridad tendrá, inevitablemente, el riesgo de convertirse en una victoria incompleta para la justicia.
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