La construcción de una planta de Metanol azul en Topolobampo fue suspendida tras protestas de comunidades indígenas que denuncian falta de consulta. El conflicto escaló hasta confrontar al gobernador Rocha, evidenciando tensiones sociales y riesgos para la inversión
La construcción de la planta de metanol de la empresa Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, enfrentó protestas, confrontaciones directas con autoridades y la suspensión del evento oficial. Lo que se planteaba como un proyecto estratégico para atraer una inversión de más de 3 mil 200 millones de dólares inversión terminó evidenciando un conflicto social no resuelto.
Habitantes de comunidades indígenas y pobladores locales irrumpieron en la ceremonia de colocación de la primera piedra para exigir la cancelación del proyecto, al asegurar que no fueron consultados conforme a la ley y que existen dudas sobre los estudios de impacto ambiental.
Los manifestantes, que días antes ya habían bloqueado la carretera Los Mochis–Topolobampo, encararon al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusaron de actuar sin transparencia y de favorecer intereses empresariales por encima de las comunidades.
La tensión subió rápidamente. Los inconformes derribaron la piedra simbólica del evento y provocaron destrozos en el sitio. Entre gritos y reclamos, exigieron la suspensión inmediata de la obra y advirtieron que no permitirán su avance sin garantías legales y sociales.
“No nos vamos a quitar”, reclamaron algunos de los asistentes, en un mensaje directo al gobierno estatal.
Ante la escalada del conflicto, el equipo de seguridad retiró al mandatario estatal y a los invitados del lugar para evitar mayores riesgos. Minutos después, Rocha Moya anunció que el inicio de la obra quedaba suspendido hasta que se realice una consulta y se cumplan todos los requisitos legales.
El gobernador aseguró que buscará abrir un diálogo con las comunidades y canalizar sus demandas a instancias federales. Sin embargo, el episodio deja al descubierto una falla en el manejo político y social del proyecto.
El conflicto ocurre en un momento clave para la atracción de inversiones. En paralelo, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, visitó la región de Los Mochis, donde subrayó la importancia de generar certeza jurídica y condiciones de estabilidad para los inversionistas.
La trifulca en Topolobampo envía una señal opuesta: incertidumbre social, falta de consenso y debilidad institucional en la gestión de proyectos estratégicos.
Uno de los principales reclamos de las comunidades gira en torno a la falta de consulta previa, libre e informada, un requisito establecido en la legislación mexicana y en convenios internacionales para proyectos que afectan territorios indígenas.
Además, los inconformes sostienen que la empresa no ha presentado de forma clara todos los estudios de impacto ambiental, lo que incrementa la desconfianza hacia el proyecto.
El episodio también abre cuestionamientos sobre la actuación del gobierno estatal. La decisión de avanzar con el arranque de obra sin resolver previamente el conflicto social derivó en un choque directo que terminó por frenar el proyecto.
La crisis en Topolobampo no solo detiene una inversión relevante, que dejaría más de seis mil empleos directos e indirectos, sino que exhibe los riesgos de ignorar a las comunidades en proyectos de alto impacto.
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