Detienen a alcalde morenista de Juchitán, Oaxaca; operaba como brazo logístico y financiero del CJNG

El alcalde de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, no solo gobernaba cobijado por Morena tras ostentar un triunfo “arrasador” en las urnas: sometió a la población a un clima de terror y zozobra al convertir la estructura, sistemas de vigilancia y las arcas del municipio en el brazo logístico y financiero del "Cártel Jalisco Nueva Generación" (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec.

El edil fue aprehendido en un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con su cómplice Alberto de la Paz López, “La Parca”, tras una sostenida escalada de violencia en la región que dejó una serie de ejecuciones, extorsiones y desapariciones.

Reportes de inteligencia consultados por La Aurora revelan que con este sujeto el morenista articulaba la cobertura política, económica y de infraestructura municipal para “Los Cromos”, la célula operativa del cártel en Juchitán.

La detención del munícipe ocurrió la mañana de este miércoles cuando se dirigía a inaugurar una obra destinada a la Marina en la colonia Mártires 31 de Julio.

Tras su aseguramiento, bajo un fuerte dispositivo de vigilancia encabezado por las fuerzas federales y estatales, “Quetu” fue trasladado a Ciudad Ixtepec, desde donde abordó una aeronave oficial que lo llevó a un centro penitenciario federal.

Su detención provocó bloqueos y protestas en distintos puntos de la región, donde pobladores, mototaxistas y policías municipales instalaron barricadas y prendieron fuego a neumáticos para exigir su liberación.

Uno de los primeros cierres ocurrió en el Canal 33 de la carretera 185 Transístmica, donde mototaxistas interrumpieron la circulación poco después de que se conociera la captura del edil, en un intento por presionar a las autoridades.

Más tarde, las protestas se extendieron al acceso de la base aérea militar de Ciudad Ixtepec. Ahí, elementos de la Semar establecieron un cerco e impidieron el ingreso de policías municipales.

Las investigaciones del Gobierno Federal revelan la gravedad del blindaje que otorgaba Sánchez Altamirano al crimen organizado, al grado de entregar el control y acceso directo a las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) de Juchitán.

Con este sistema, el alcalde realizaba labores de contrainteligencia para alertar a la delincuencia en tiempo real sobre la presencia y despliegue de las fuerzas de seguridad federales y estatales.

A la par del espionaje con recursos públicos, Sánchez Altamirano coordinaba una red de cobro de piso contra pequeños comerciantes, empresarios y cadenas comerciales de la zona.

Asimismo, documentos de inteligencia acreditan su participación en la compra de armamento para el grupo delictivo y el control de casas de seguridad destinadas al tráfico ilegal de migrantes en el Istmo.

La captura de Sánchez Altamirano forma parte de la estrategia de “Cero Tolerancia” impulsada por el Gabinete de Seguridad, a través del secretario Omar García Harfuch.

Luego de meses de seguimiento y de una crisis de seguridad en Juchitán generada por la alianza narcopolítica Morena-CJNG, misma que derivó en asesinatos, incendios en locales comerciales, extorsiones, desapariciones y amenazas a transportistas, el gobierno decidió intervenir.

El despliegue de alto impacto fue ejecutado en campo por la SSCP, la Marina, Defensa y Guardia Nacional, en coordinación con la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Policía Estatal a través de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

Las investigaciones identifican a “La Parca”, también conocido como “Lucho”, como un delincuente de alta peligrosidad que utilizaba la red de mototaxis para controlar el narcomenudeo, la extorsión, cobro de piso, homicidios y secuestros, así como el traslado e intimidación de migrantes.

Además, se presentaba como un “defensor de los derechos humanos” que no dudaba en realizar actos de presión social para lograr la liberación de miembros de “Los Cromos” cuando eran detenidos por las autoridades.

En junio pasado, las indagatorias de la fiscalía estatal identificaron a la estructura liderada por un sujeto conocido como “Comandante Cromo” como responsable directa de la violencia.

Irónicamente, como respuesta a los insostenibles niveles de inseguridad, el propio Sánchez Altamirano llegó a participar activamente junto a funcionarios estatales en la implementación del Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar.

Incluso, en abril, el munícipe desestimó públicamente señalamientos que lo vinculaban con células delictivas tras la ejecución de una familia el 26 de marzo en La Venta, asegurando que las acusaciones eran falsas y respondían a “motivaciones políticas”.

Sin embargo, con su aprehensión se desmantela una de las principales redes de narcopolítica de la región del Istmo, sumando a “Quetu” a la lista de ediles, tanto de Morena como de la oposición (PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PVEM), puestos a disposición de la justicia por someter las instituciones locales a las filas del crimen organizado.

“Quetu” y “La Parca” cuentan con mandamientos judiciales por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, aunque se sumarán más cargos y habrá más detenidos conforme avance la indagatoria.

Para cerrar la pinza en esta investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló de inmediato las cuentas bancarias del edil y de otros implicados en la red.

Sánchez Altamirano gobernó Juchitán en un primer periodo en 2022-2024. Buscó la reelección con el respaldo de Morena y logró un segundo mandato para el periodo 2025-2027. Tras ganar la elección del 2 de junio de 2024, presumió en redes que “arrasó en las urnas” y prometió impulsar la transformación junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldar el “Plan C”.

*Con información de ADNsureste