De conformidad con lo que ya había anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cancillería mexicana llevó a la vía penal la exigencia de justicia por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridos en operativos o bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) formalizó la presentación de 20 denuncias penales ante distintas instancias de la justicia estadounidense, marcando un precedente al transitar de las tradicionales notas de protesta diplomática a acciones judiciales directas dentro del sistema legal norteamericano.
La disparidad entre el número de víctimas (17) y la cantidad de querellas interpuestas (20) responde a una planeación jurídica detallada por parte de la Cancillería mexicana, cuyo objetivo es cercar legalmente a las autoridades responsables en todos sus niveles de competencia.
El embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, fue el encargado de distribuir los recursos legales de la siguiente manera: 8 denuncias ante fiscalías de carácter estatal y 12 denuncias ante fiscalías a nivel de condado.
Con este despliegue, el gobierno mexicano busca activar de forma simultánea los códigos penales locales, obligando a los fiscales de condado y estatales a abrir expedientes de investigación individuales y exhaustivos sobre el actuar de los agentes migratorios involucrados.
Los focos rojos de la violencia institucional
De acuerdo con el reporte oficial de la SRE, los decesos que motivaron esta contraofensiva jurídica se concentran en ocho estados de la Unión Americana, caracterizados históricamente por su alto flujo migratorio o por el endurecimiento de sus políticas de retención: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
La Cancillería detalló que, de manera complementaria a las 20 denuncias locales, la Fiscalía General de la República (FGR) remitió un expediente formalizado directamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con el fin de presionar también desde el ámbito federal estadounidense.
Asimismo, el caso fue notificado formalmente ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), buscando que el organismo internacional documente y vigile las posibles violaciones a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y protección de personas en movilidad.
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