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Paro de trabajadores del Poder Judicial por evaluaciones; dicen que ponen en riesgo su empleo

Trabajadores del PJF iniciaron un paro nacional y cerraron sedes en protesta por los exámenes de desempeño del Órgano de Administración Judicial

Crédito Especial

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en diversas entidades del país, entre ellas la Ciudad de México, iniciaron un paro de labores en protesta contra las nuevas evaluaciones derivadas de la reforma judicial, mismas que consideran ponen en riesgo su empleo y son impulsadas por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) que preside Néstor Vargas Solano.

Además, los inconformes acusaron que el titular de la OAJ simuló haber sido agredido durante una manifestación en Durango, en la cual, según se observa en videos, cae al piso en medio del tumulto; se deslindaron del incidente y precisaron que la gente que rodea a Vargas Solano es parte de su equipo.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que, bajo la premisa de implementar un proceso de diagnóstico en las próximas semanas, el OAJ enmascara un mecanismo arbitrario con criterios subjetivos y discrecionales que pone en riesgo la estabilidad laboral de secretarias y secretarios proyectistas, actuarias, actuarios y oficiales judiciales.

El organismo calificó la nueva evaluación del desempeño como una estrategia para desmantelar “lo que queda” del personal de carrera judicial.

El conflicto surgió tras la publicación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 emitido por el OAJ, el cual regula la medición del desempeño de alrededor de más de 30 mil trabajadores adscritos a tribunales y juzgados federales.

En la CDMX, empleados del PJF iniciaron este viernes un paro de labores y cerraron con cadenas la sede de San Lázaro, pues consideran que el mecanismo pone en riesgo sus empleos y derechos laborales conseguidos a lo largo de años de esfuerzo y preparación.

A su vez, el Órgano de Administración Judicial negó que el proceso tenga fines punitivos o laborales. Indicó que la evaluación no pone en riesgo la permanencia del personal de carrera judicial y calificó de falsas las versiones que señalan que los exámenes programados para diciembre puedan provocar la pérdida de plazas o el despido de trabajadores.

Sin embargo, la JUFED señaló lo contrario y aclaró que no está en contra de los mecanismos de diagnóstico, los cuales son bienvenidos si permiten mejorar la administración de justicia, la verdadera profesionalización y excelencia en esa labor, pero no a través de instrumentos punitivos o subjetivos de evaluación.

“El esquema impone una ponderación del 30% basada en cuestionarios de percepción subjetiva aplicados por superiores y compañeros, sumado a un 60% controlado de manera unilateral por la Escuela Judicial. 

“Al restar valor a la experiencia de campo y los conocimientos técnicos y jurídicos se supedita la estabilidad a criterios de apreciación o popularidad, se abre la puerta a que, en un futuro próximo, las evaluaciones posteriores puedan derivar en la separación del cargo y afecten directamente la permanencia laboral de la base trabajadora, lo que de suyo genera incertidumbre jurídica”, explicó.

La JUFED expresó su solidaridad con la lucha del personal de carrera judicial, cuyos integrantes ya han demostrado, en su gran mayoría, contar con la experiencia y los conocimientos técnicos jurídicos indispensables para sacar adelante las labores jurisdiccionales.

“Hoy se pretende vulnerar los derechos de la base trabajadora y se anticipa el trato que se buscará imponer a toda la estructura de la judicatura.“Asimismo, JUFED se suma a la preocupación externada por la base trabajadora, en cuanto a que los exámenes con ese nivel de subjetividad y discrecionalidad pueden dar margen a que muchas personas trabajadoras se vean afectadas y las evaluaciones se erijan como vías para presionar o expulsar al personal incómodo o se liberen espacios para personas ajenas a la institución”.

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